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Hernán Larraín fija los derechos humanos como prioritarios en su agenda para Justicia

24 de enero 2018

También planteó acelerar una agenda legislativa “que inexplicablemente se ha postergado”:
Pero no solo respecto de “las heridas del pasado”, dijo, sino también su realidad presente y su futuro. Lo que pasa en Sename y Gendarmería están en su mira.
Ya designado por Piñera, Hernán Larraín saludó sonriendo en la sede del Congreso en Santiago. Luego, partió a Valparaíso.

El hombre que el Presidente electo Sebastián Piñera escogió como su ministro de Justicia fue preciso para señalar el rumbo que piensa tomar en su cartera. El senador UDI Hernán Larraín dijo que la prioridad debe estar puesta en los derechos humanos. Pero aclaró: “Los derechos humanos constituyen una agenda que no sólo se circunscribe a resolver los problemas y las heridas del pasado, sino que tienen una realidad presente y futura muy contundente”.

En ese contexto, nombró al Sename, por los niños, y a Gendarmería, por los presos.

El abogado es senador desde 1994 por la VII Región Sur Maule. Ha presidido la comisión de Constitución, Legislación y Justicia en distintos periodos y es reconocida su experiencia en materias que conciernen a la secretaría de Estado que encabezará. De hecho, él mismo se encargó de recordar que la Subsecretaría de Derechos Humanos se creó durante el primer gobierno de Piñera y que colaboró con el ex ministro de Justicia Felipe Bulnes en esa tarea. También ha trabajado de cerca con el actual titular de esa cartera, Jaime Campos.

Al término de la ceremonia oficial de nombramiento del gabinete que asume en marzo, Larraín conversó con El Mercurio:

-Yo creo que la tarea que corresponde es hacer que la justicia sea lo más cercana posible a la gente, que sea inclusiva y que la gente sienta que sus derechos se pueden exigir. Y que los tribunales y todos los medios deben ser eficaces en esa dirección. Enseguida hay que entender que los derechos humanos constituyen una agenda que no solo se circunscribe a resolver los problemas y las heridas del pasado, sino que tiene una realidad presente y futura muy contundente. Particularmente en algunas áreas que son parte de las tareas de este ministerio, como son el Sename, con los menores, y Gendarmería, por los problemas que hay de presos en las cárceles. Entonces, hay ahí muchas cosas que hacer.

Indicó que otro énfasis será la agenda legislativa:

-Enseguida también hay un trabajo muy sustantivo que dice relación con cambios legislativos importantes y que se han postergado inexplicablemente, como es un nuevo Código Penal, hacer la reforma procesal civil, hacerle ajustes y cambios al Código Civil y ajustes a la reforma procesal penal.

-El ministro Campos le deja sobre la mesa un nuevo proyecto sobre indultos y delitos de lesa humanidad. ¿Qué le parece?

-Lo vamos a estudiar. Tenemos coincidencias con la necesidad de resolver el problema de quienes están presos y tienen enfermedades graves terminales, o sufren de una demencia que realmente los inhabilita para actuar en función de sus facultades. Pero tenemos diferencias respecto de otros contenidos del proyecto, que son los que tendremos que estudiar y conversar en su momento con mayor precisión.

-¿Qué tipo de diferencias?

-Dicen relación con condiciones que a veces son mayores que las que correspondería plantear.

-¿Exigencias (para acceder a determinados derechos o beneficios)?

-Sí.

Nombramiento “bien recibido”

Su nombramiento fue transversalmente bien recibido por el mundo judicial, e incluso por el actual ministro del ramo, Jaime Campos.

Sin embargo, hubo algunos planteamientos que lo vincularon a la defensa de Colonia Dignidad.

Al respecto, ya en el año 2005, en una entrevista en “El Mercurio” había señalado que “jamás he sido amigo de (Paul) Schaefer” y dijo que lo único que hizo fue defender que se mantuviera abierto el hospital que tenía Dignidad en el año 96, donde atendían a gente de la zona.

“Me preocupa advertir el afán de asociarme con un personaje justamente detestado por la opinión pública, a sabiendas que no existe nexo alguno y no obstante todo mi respaldo para que la autoridad competente lo pusiera en manos de la justicia”, dijo también en Cartas al Director.

VACACIONES
Esta noche Hernán Larraín parte de viaje hasta los primeros días de febrero.

“Su larga experiencia política vinculada a las cuestiones de derecho me hace pensar en que tendremos, en esta área, una administración especialmente sólida”.
HAROLDO BRITO
Presidente de la Corte Suprema

“Tengo la mejor impresión de él. Lo conozco desde hace muchos años. Ya lo llamé por teléfono para saludarlo. Le he ofrecido toda mi ayuda”
JAIME CAMPOS
Ministro de Justicia

A. Pérez: “Que la cultura llegue a más gente”

Ampliar el acceso a la cultura será el eje de la gestión de la periodista de la UC Alejandra Pérez Lecaros, designada ministra de Cultura y las Artes por el Presidente Sebastián Piñera.

Pérez, independiente, fue hasta noviembre del año pasado directora ejecutiva de Canal 13. Entre los años 2010 y 2014 se desempeñó como asesora comunicacional de los ministerios de Transportes, Vivienda y Educación, también en Sofofa y Codelco.

Entre 2001 y 2007 fue directora de Comunicaciones de Telefónica Chile.

Tras señalar su felicidad por el nombramiento, dijo que “el gran desafío es escuchar, saber trabajar en equipo y entablar puentes para instalar el nuevo Ministerio de la Cultura, en concordancia con todos los proyectos que tiene el Presidente Sebastián Piñera y que van en la línea de que la cultura llegue a más gente”.

“Para eso -agregó- hay que actuar con mucha disciplina, identificando los focos prioritarios y sumar la pasión. El diálogo es fundamental y en este caso es clave en el trabajo que vendrá con la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (Dibam). En esta primera etapa tengo mucho que estudiar pero, por sobre todo, escuchar a los distintos sectores.

Indicó que espera reunirse “lo más pronto posible con el ministro Ernesto Ottone para conocer más de fondo las distintas problemáticas y retos de esta cartera”.

Felipe Ward reordenará mapa de bienes fiscales

Felipe Ward, diputado UDI, y recién nominado ministro de Bienes Nacionales tiene claro el rol que tendrá en la cartera: “Gestionar, administrar y reconocer el patrimonio fiscal, reordenar el mapa de las propiedades fiscales y coordinarse adecuadamente con los ministerios. Muchas de las políticas sociales y públicas comienzan con el Ministerio de Bienes Nacionales, lo que es algo que no es conocido”.

Añadió que trabajará coordinadamente con la cartera de Vivienda, “porque son ministerios hermanos”. Puso el caso de su distrito, “ya que en las regiones del norte del país, gran parte del territorio es de propiedad del Ministerio de Bienes Nacionales y en muchas ocasiones, cuando conversaba con los comités de vivienda, me decían que los gobiernos de la Concertación les decían que no había terrenos. La verdad es que en el norte sí hay muchos terrenos y esto tiene que ver con la gestión”.

Otra tarea que se planteó el futuro ministro de esta cartera es “regularizar la pequeña propiedad raíz. Los que hemos sido parlamentarios y que hemos trabajado junto a los vecinos para entregarles su título de dominio, sabemos lo importante que es el Ministerio de Bienes Nacionales, que es un ministerio social”.

A juicio de la Fundación Techo-Chile, “el gran desafío de este ministerio es disponer de un banco de suelo de uso público donde se puedan priorizar viviendas sociales”, según señaló el director social, Gonzalo Rodríguez.

Planteó que con ese banco de suelos se evitaría que las viviendas sociales no tengan que ser construidas en la periferia, sino en sectores con buenos accesos y cercanos a servicios como salud y educación.

Actores del sector coinciden en que las tareas prioritarias deben ser el Sename y reformas legales

Sename. Esa es la reforma a la que el recién nombrado ministro de Justicia, Hernán Larraín, debe darle prioridad y urgencia.

Ex autoridades del sector, abogados y académicos coinciden en eso. También en la necesidad de decidir qué pasará con los proyectos de nuevos códigos Procesal Civil y Penal.

Luis Bates, ex ministro de Justicia , consideró un acierto su elección. “Es una decisión acertada, porque tratándose de un ex parlamentario de larga trayectoria, tiene una visión muy clara de cómo deben ser las relaciones entre el Poder Legislativo y el Poder Judicial”. Entre sus desafíos, cree, debiese estar trabajar en nuevos códigos Penal y Procesal Civil, “temas que se llevan prolongando desde hace mucho tiempo y que son centrales”.

Quien fuera el primer fiscal nacional, Guillermo Piedrabuena, en tanto, afirmó que Larraín “puede hacer una buena labor, porque sabe de derecho y sabe escuchar a las personas”. Este ministerio, apunta además, es “más importante de lo que puede pensarse. En algunos gobiernos no se le ha dado la debida importancia”.

El presidente del Colegio de Abogados, Arturo Alessandri , quien califica de muy relevante la reforma procesal civil y revisar la actual justicia penal, plantea que, como gremio, “naturalmente nos interesa tener un vínculo y una relación muy estrecha con ese ministerio, y también avanzar en la Ley sobre Colegios Profesionales”. Buscarán su apoyo, aunque la ley sea resorte de la Segpres.

Jaime Arellano, director Ejecutivo del Centro de Estudios de Justicia de las Américas , por su parte, piensa que la llegada de Larraín al ministerio es “una muy buena noticia”, dado que “al conocimiento técnico y experiencia político-legislativa suma su natural capacidad para construir consensos”. Sobre las tareas a priorizar, dice: “Es evidente que la estructuración de la nueva institucionalidad de protección y restauración de derechos de niñas, niños y adolescentes, junto al sistema de justicia penal especializada, es la primera prioridad que debe enfrentar”.

Coincide Mauricio Duce, profesor de derecho UDP : “Ese tema debe avanzar sí o sí”. Dice, además, que “Larraín le da un peso político a Justicia, que tiene enormes desafíos para este período”. El tema penitenciario y “otros dos grandes desafíos son si se va a por fin concretar la reforma procesal civil (…) y también si es que vamos a contar con una legislación penal sustantiva, un Código Penal”. También menciona al Sename en los “urgentes” del ministro, el profesor de derecho UC José Pedro Silva , pero plantea además la necesidad de “impulsar la reforma procesal civil, que fue estructurada en el anterior gobierno de Sebastián Piñera”.

Francisco Estrada, ex director del Sename, cuenta que Larraín fue profesor suyo en la universidad, y lo recuerda como “muy franco en la conversación y saber gestionar un equipo”. Entre sus retos, dice, “deberá tomar una decisión sobre la reforma judicial civil y en la reforma al sistema notarial. Se avanzó mucho durante el primer gobierno de Sebastián Piñera, pero quedó estancado”.

Políticas de prevención, el desafío en seguridad pública

Asegurando que, como nunca, existe consenso para “avanzar en un país más seguro” y que el de ahora es el momento “más propicio” para concretar una serie de propuestas, el director de Paz Ciudadana, Daniel Johnson, analizó positivamente el gabinete del Presidente electo Sebastián Piñera.

Dijo que fueron acogidas 17 de las 18 propuestas realizadas por la fundación en materia de seguridad ciudadana, proporcionadas a todos los candidatos antes de las elecciones de 2017, fecha en que además se incorporaron en los programas de gobierno de los diferentes sectores políticos.

Explicó que el proyecto para combatir la delincuencia no solo involucra al Ministerio del Interior, sino que también a Justicia y Desarrollo Social.

Johnson subrayó que es necesario que “se dé prioridad a políticas de prevención, como el tratamiento temprano de los factores de riesgo delictivos”. Explicando que es importante concentrar las políticas públicas en evitar, por ejemplo, la deserción escolar. Identificando como otro factor de riesgo aquellas familias con padres recluidos o el consumo de drogas, entre otros.

Desde Ciudadano Seguro, su presidente ejecutivo, David Rozowski, subrayó la necesidad de avanzar en temas legislativos: “Hay mucho que trabajar en una agenda legislativa en temas de delincuencia. Debería haber una ley de seguridad ciudadana con deberes, con responsabilidades para el personal municipal que está realizando las labores en la calle, y también una nueva ley de profesionalización de todo lo que son las policías”.

Fuente: El Mercurio, miércoles 24 de enero de 2018