Polémica por la designación del nuevo notario de San Fernando.
El secretario de Estado explica que «envié el día viernes un decreto y lo retiré el lunes en la mañana. ¿Y por qué lo hice? Porque estaba dentro de mis facultades para hacerlo».
Ministro de Justicia, Jaime Campos, quien ayer confirmó que retiró el decreto original.
Tajante fue ayer el ministro de Justicia, Jaime Campos, ante las versiones que él había retirado el nombre del defensor público de O’Higgins, Alberto Ortega Jirón, como notario de San Fernando. «Sí, es verdad. Y eso es problema mío», respondió a «El Mercurio», al ser consultado por lo ocurrido.
Ello, tras el revuelo que provocó el cambio de decisión que favoreció al ex fiscal regional de O’Higgins, Luis Toledo Ríos, quien iniciará la indagación del caso Caval. Finalmente, el lunes fue su nombre el que ingresó a la Contraloría para la toma de razón y asumir el cargo de notario.
Campos descartó de plano rumores de presiones por parte de La Moneda. Y planteó su molestia por los cuestionamientos surgidos tras su determinación. «Efectivamente, yo envié el día viernes un decreto y lo retiré el lunes en la mañana. ¿Y por qué lo hice? Porque estaba dentro de mis facultades para hacerlo».
-¿Y existía la posibilidad de que esa terna quedara para decisión del próximo gobierno?
-Por supuesto. Pero yo voy a ejercer el cargo de ministro hasta el viernes por la tarde. Tengo que firmar más de setenta solicitudes de rebaja de condenas, tengo el papeleo habitual del ministerio, ayer procedí a designar no sé cuántos jueces y secretarios interinos… porque quiero dejar las carpetas al día.
Más temprano había emitido un comunicado oficial aclarando su decisión de elegir a Toledo por sobre Ortega y la notaria de Chimbarongo, Isabel Margarita Chadwick. Al defensor, porque es funcionario público; y a Chadwick, por el posible parentesco con el nuevo ministro del Interior (Andrés). «En estos tiempos de escándalos y sensacionalismos, mi dilema fue que, respecto de cualesquiera de los indicados, era fácil urdir tesis de tráfico de influencias, presiones indebidas o pago de favores».
Hablan los principales afectados
Luis Toledo reaccionó explicando que hasta ayer no había sido notificado de nada. Pero dijo que está en una terna desde enero de 2017.
Se hizo cargo de los cuestionamientos del caso Caval. «Me tocó investigar una causa muy compleja a nivel nacional, que generó una noticia, y me tocó formalizar a personas que hoy día son incluso acusadas, que en ese momento no existió ningún cuestionamiento respecto de la conducta, incluso siendo felicitado por diversos actores del ámbito nacional en la forma en que se desarrolló la investigación, como seria y acuciosa».
Y fue categórico en señalar que «no tengo ningún motivo para bajar candidaturas, porque yo no he tenido ninguna conducta reñida ni con la moral ni con la ley para postular en un concurso público».
Mientras que Alberto Ortega, el nombrado originalmente, explicó que lo ocurrido «es bastante inusual. No tengo precedente de alguien que haya sido nombrado y a las 24 horas alguien retire el decreto de nombramiento».
Dijo sentirse perjudicado «en términos personales». Pero, en lo profesional, «nunca tuve el cargo de notario, porque no estuvo visado. Pero es la expectativa que uno se hace cuando le informan que su nombre ingresó a la Contraloría». Por lo mismo, no es una situación recurrible a través de algún recurso, aclaró a este diario.
La notaria Isabel Margarita Chadwick no pudo ser contactada por este medio.
»No tengo ningún motivo para bajar candidaturas, porque yo no he tenido ninguna conducta reñida ni con la moral ni con la ley».
LUIS TOLEDO
»Es bastante inusual. No tengo precedente de alguien que haya sido nombrado y a las 24 horas alguien retire el decreto de nombramiento».
ALBERTO ORTEGA
Nuevo gobierno podría retirar decreto de nombramiento e ingresar uno nuevo
No es la primera vez que una autoridad administrativa ingresa un decreto, lo retira e ingresa otro en su reemplazo. «No es una situación extraña o irregular», aclara el abogado Luis Cordero.
Otro aspecto en discusión, añade, es en qué momento se perfecciona el acto. «Es decir, si lo que envía la autoridad a la Contraloría es la decisión final o es la toma de razón», puntualiza. Hasta ahora, en la jurisprudencia de la Contraloría y de la Corte es que mientras no sea tomado razón, «eso es un proyecto de acto».
Y como tercer punto, respecto del sujeto objeto del nombramiento (en este caso, Alberto Ortega), es en qué momento se entiende perfeccionado el acto. «Es después de tomado razón y una vez asumido el cargo», explica. Añade que determinados nombramientos señalan «con asunción inmediata», como es el caso de los ministros, subsecretarios o jefes de servicios designados por el gobierno. Pero si la Contraloría rechazare la toma de razón porque hay un defecto formal, igual se le debería pagar el lapso que ejerció el cargo bajo esta figura legal de «funcionario de hecho».
Con todo, si hasta el domingo 11 de marzo, fecha en que asume el gobierno del Presidente Piñera, la Contraloría no ha tomado razón sobre Luis Toledo, el nuevo ministro de Justicia (Hernán Larraín) podría retirar el decreto. Pero el nuevo debe considerar a una de las tres personas de la terna, es decir, al propio Toledo, a Isabel Margarita Chadwick u Ortega. «Solo puede ingresar un nuevo nombre de los que están en el expediente», puntualiza. Y si alguno de ellos se siente afectado, puede presentar recursos ante la Contraloría o la Corte.
La otra alternativa es que el nuevo gobierno retire el decreto y declare desierto el concurso.
Fuente: El Mercurio, jueves 08 de marzo de 2018