Ministro de Justicia: «Es un hecho emblemático que nos demuestra que todavía en Chile hay violaciones a los DD.HH.»

Dos hombres con la cabeza rapada, mojados y dos cables detrás de ellos, mediante los que se les aplica corriente, mientras ellos se estremecen por el golpe eléctrico. Voces les ordenan que se arrodillen y pidan perdón. Es el video que se viralizó en redes sociales antenoche.

Eran los dos ecuatorianos que participaron -con otras tres personas- en el robo y crimen de la funcionaria de la U. de Chile en el barrio República, el lunes recién pasado.

Los extranjeros fueron atacados al interior del centro penitenciario Santiago I por cuatro internos -formalizados ayer por el delito de tortura- y una quinta persona, un gendarme (ver recuadro).

«También me pregunto quién falló»

«Este es un hecho emblemático que nos demuestra que todavía en Chile hay violaciones a los derechos humanos y que todavía no somos capaces de terminar con estas prácticas que no tienen ninguna justificación ni aceptación», dijo ayer el ministro de Justicia, Hernán Larraín, después de participar en una ceremonia donde el sector empresarial -encabezado por Sergio Torretti, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción- y la sociedad civil comprometieron un trabajo conjunto, para la reinserción de los reos que terminen de cumplir su condena.

Para el secretario de Estado, «todas las personas, incluso las que cometen graves asesinatos, tienen derecho a la justicia y al trato digno», y reconoció que, por ahora, aún no sabe qué falló: «Yo prefiero en esto dejar espacio a la investigación. También me pregunto: ¿quién falló? ¿Fallaron los sistemas de vigilancia?, ¿fallaron los gendarmes, los propios internos que hicieron cosas indebidas aprovechándose de algún vacío, de algún momento?».

Junto con Larraín asistió a la actividad la directora de Gendarmería, Claudia Bendeck, quien comprometió celeridad en los sumarios que ordenó instruir tras conocerse el video: «Recibimos las denuncias y pusimos la información a disposición del Ministerio Público. Dispusimos en la institución el cuidado y el traslado previo a la resolución del tribunal, porque el tribunal es el que determina dónde van los internos».

Orden
PDI busca a gendarme que no habría evitado agresión en penal.

«Un asesinato merece el reproche, repudio social (…). Pero no vamos a aceptar prácticas como la tortura. No es humano, no es civilizado. Es intolerable».
HERNÁN LARRAÍN
Ministro de Justicia

«A juicio de esta defensa, no se dan los elementos del tipo torturas (…) estaríamos hablando de lesiones leves».
JULIO LOAIZA
Defensor de uno de los imputados por tortura

 Juez criticó actuar de Gendarmería por no decretar medidas de seguridad en el ingreso de imputados

«Gendarmería no solamente informada, sino que además mandatada por el tribunal, ¿adoptó las correspondientes medidas de seguridad? Y la respuesta pareciera ser que no, porque de haberse adoptado y haberse revisado la correspondiente segregación penal, probablemente hoy no estaríamos en esta audiencia de control detención».

Esta fue parte de la resolución del juez del 7° Juzgado de Garantía, Freddy Cubillos, tras concluir la formalización de cuatro internos del penal Santiago 1, a los que la fiscalía les atribuye el delito de tortura y apremios ilegítimos en contra de dos reos ecuatorianos. Los imputados, Manuel Toro Carrasco, Miguel Ángel del Rosario (dominicano), Sergio Blanch y Jarvy Torres (colombiano), cumplen prisión preventiva en el recinto penitenciario por los delitos de homicidio, robo con violencia y falsificación de instrumento público privado, pero no registraban condenas anteriores. El tribunal ordenó su prisión preventiva anticipada, para evitar que salgan en libertad una vez cumplida la cautelar por los otros casos.

En la audiencia, la fiscal Marcela Adasme, de la jurisdicción Centro Norte indicó, además, que por estos hechos está en calidad de imputado el sargento segundo de Gendarmería Héctor Palma, quien mantiene un orden de detención vigente. «El funcionario de Gendarmería, si bien aún no ha sido formalizado, concurriría en la participación, al no haber dado un aviso oportuno», dijo.

Según dio cuenta la fiscalía, un informe de la PDI concluyó que las cámaras de seguridad quedaron enfocando la sala de visitas y no al lugar de la agresión. Y que no se cumplió con el protocolo de informar a la guardia del ingreso de imputados por delitos de alta connotación pública, para evitar posibles agresiones.

«El aviso del gendarme es absolutamente extemporáneo -advirtió el juez-, porque en el tiempo que media en el que él da aviso, estos dos imputados de nacionalidad ecuatoriana no solamente habían sido objeto de torturas, sino que además de una serie de apremios ilegítimos».

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