Presidente del Instituto Chileno de Ciencias Penales y ministro de la Corte Suprema, Carlos Künsemüller:
El vicepresidente de la entidad, el profesor Héctor Hernández, recordó los últimos proyectos de 2005, de 2014 y de 2015, de diferentes gobiernos. Ninguno llegó a tramitarse en el Congreso.
Cambios a legislación penal.- El profesor Héctor Hernández y el ministro de la Corte Suprema Carlos Künsemüller, miembros del directorio del ICP, entregaron su opinión respecto de la legislación penal en Chile.
El Instituto de Ciencias Penales (ICP) cumple 80 años de existencia. Las celebraciones comienzan hoy y continúan mañana viernes con jornadas en las universidades de Chile, de Talca, de Valparaíso y la PUCV. Su presidente y ministro de la Corte Suprema, Carlos Künsemüller, y el vicepresidente de la entidad, el profesor de la U. Diego Portales Héctor Hernández, abordaron con «El Mercurio» la necesidad de un nuevo Código Penal, el problema de las «leyes parche», y el rol del máximo tribunal luego de la reforma al proceso criminal en Chile, entre otros temas. Quisieron precisar, sin embargo, que sus opiniones son personales y no representan a todos los miembros del ICP.
-¿Es necesario un nuevo Código Penal?
Carlos Künsemüller (CK): «Ya en la época en que se funda el instituto, en 1937, antes de esa época, existía un proyecto de nuevo Código Penal de 1929, y en 1938 se redacta otro proyecto, llamado Silva Labatut, lo que prueba que ya había un interés por revisar el Código de 1875. Más recientes, tenemos proyectos de 2005, de 2014, de 2015 y el proyecto redactado por el profesor (Alfredo) Etcheberry, que es de 2016, que es el último».
-Ninguno ha prosperado…
CK: «El costo que tiene aprobar un nuevo Código Penal es siempre muy alto desde el punto de vista político, porque hay que ponerse de acuerdo, por ejemplo, en cuáles son las penas que vamos a establecer para el robo, ¿las vamos a aumentar o rebajar? Para que se pongan de acuerdo los partidos puede pasar mucho tiempo. La sociedad quiere que las aumentemos, pero todos los profesores de derecho penal chileno están de acuerdo en que el tratamiento del robo tiene unas penas terribles, a veces más que el homicidio; entonces, ¿cómo lo hacemos?».
Héctor Hernández (HH): «El problema con lo penal es que todo el mundo, y no lo digo de manera peyorativa, tiene derecho a opinar. Son cuestiones que tienen que ver con moral y con política, y eso hace que sea mucho más difícil ponerse de acuerdo, y uno lo ve en cada discusión, por ejemplo, ¿quién podría discutir que el homicidio es delito?, pero surgen 20 discusiones. Que la eutanasia, que las penas en sí mismas, que temas de género, todo se discute».
-¿Cómo se puede destrabar esto?
HH: «Creo que se necesita que un gobierno tome uno (proyecto) cualquiera y lo lance de verdad, no el último día del mandato, y se discuta en el Congreso».
CK: «Tuvimos un anteproyecto de nuevo Código Penal, parte general y especial, el que se entregó a fines de 2005 al Presidente (Ricardo) Lagos, y el anteproyecto quedó guardado en un cajón del Ministerio de Justicia y nunca más se supo. Puede haber tenido defectos, pero era la oportunidad para discutir un proyecto completo, pero no hubo interés».
HH: «El único proyecto que llegó al Parlamento fue el del gobierno del Presidente (Sebastián) Piñera, pero lo presentó el último día, el 10 de marzo en la tarde».
-La actual administración lo retiró y quiso preparar un nuevo proyecto…
CK: «Creo que había un interés de los distintos gobiernos de hacerse cargo de la necesidad de reformar el Código Penal y de querer mandar su propio proyecto al Congreso. Mal que mal, es algo positivo para un gobierno de cualquier signo que sea».
«El poder político chileno desde hace mucho tiempo que optó por las leyes de parche, sectoriales, es mucho más fácil que haya acuerdo en el Congreso y es menos costoso, en vez de esperar un nuevo Código (Penal). Y son leyes que tienen un defecto gravísimo, que no forman parte del Código Penal. Hoy en Chile la legislación que más se aplica no es el Código Penal, son todas estas leyes parche que se aprueban y se aprueban, y se seguirán aprobando».
-¿Qué evaluación tienen del nuevo proceso penal? ¿Lo positivo, lo negativo?
HH: «Diría que las críticas que son atendibles y de los aspectos donde evidentemente uno puede pensar en mejorías tienen que ver con cuestiones más bien operativas, con mejor coordinación entre policías y Ministerio Público; eso parece un lugar común, pero todo indica que es clave».
-¿Ven algún problema a nivel probatorio en las investigaciones realizadas bajo el nuevo sistema? Hay fallos que desde el comienzo de la reforma y recientemente critican la labor investigativa de la fiscalía; por ejemplo, en el caso Luchsinger.
HH: «Algo de eso hay, pero hay algo en lo que deberíamos evolucionar si miramos el derecho comparado, en los estándares de convicción. Diría que en el derecho chileno tenemos una dependencia muy fuerte de lo que podríamos llamar la prueba directa, y eso es normal, porque a cualquiera le da más seguridad. El problema es que hay ámbitos completos de actividad donde no es posible fundar convicción solamente con prueba directa. Ahí creo que sí hay un problema en el tipo de razonamiento que estamos aplicando.
Si la pretensión es que para poder afirmar un cohecho poco menos que debe haber testimonios directos o documentos que den cuenta de la transacción ilícita, probablemente no se pueda condenar a nadie en Chile por delitos de corrupción.
-Con la reforma, solo algunos casos pueden llegar a la Corte Suprema, ¿no siente disminuido el rol del máximo tribunal para fijar criterios en materia penal?
CK: «Hay que atenerse a lo que la ley establece. El Código establece las causales que son de competencia de la Corte Suprema».
80 años del ICP
El 12 de mayo de 1937 se fundó en Santiago el Instituto de Ciencias Penales (ICP), corporación de carácter «científico, privado e independiente», creada «con el objeto de estudiar las ciencias penales bajo todos sus aspectos y contribuir a su progreso (…)», según puede leerse en su acta de fundación.
Sus 80 años de existencia se celebrarán con cuatro jornadas académicas que inician hoy y continúan este viernes en cuatro facultades de derecho distintas.
La página web del ICP informa que «los cuatro eventos serán abiertos al público, esperando contar con la asistencia no solo de los asociados del Instituto».
Y el ministro Künsemuller y el profesor Hernández, en sus calidades de presidente y vicepresidente, respectivamente, insistieron en extender la invitación a los distintos actores involucrados con las ciencias penales o con el funcionamiento del sistema de justicia penal.
Fuente: El Mercurio, jueves 30 de noviembre de 2017