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Supremos manifiestan preocupación a Presidente Piñera por “gravedad” de acusación a ministros

5 de septiembre 2018

Pleno decidió el viernes pasado que fueran dos representantes a La Moneda a conversar con el Jefe de Estado:
El Mandatario dialogó con el titular del máximo tribunal, Haroldo Brito, y con el magistrado Sergio Muñoz. En la cita se trataron “la amenaza” a la autonomía de la corte y la opinión de políticos sobre sus resoluciones.
El presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, y el ministro Sergio Muñoz a la salida del encuentro en La Moneda con el Mandatario Sebastián Piñera. La reunión duró un poco menos de una hora y media.

El Pleno de la Corte Suprema les encomendó, el viernes pasado, una tarea poco usual a dos de sus representantes: que fueran personalmente a hablar con el Presidente de la República, Sebastián Piñera, acerca de la “preocupación” que existe al interior del Poder Judicial y de la “gravedad” que implica la acusación constitucional interpuesta por congresistas de la oposición en contra de tres ministros de la Sala Penal: Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller y Manuel Antonio Valderrama.

Los diputados acusan a los magistrados de un supuesto notable abandono de deberes al aprobar la libertad condicional a seis condenados en causas de derechos humanos.

La cita se concretó ayer al mediodía y generó diversas interpretaciones, por la oportunidad -antes de que se presenten los descargos de los magistrados acusados en el Congreso- y por la extensión del encuentro, que duró una hora y 20 minutos.

Hasta La Moneda llegaron el presidente del máximo tribunal, Haroldo Brito, y el ministro Sergio Muñoz, que estuvo subrogando en la presidencia al titular mientras este se encontraba de vacaciones hasta la semana pasada.

En el encuentro, los supremos le expusieron al Mandatario lo que significa para la autonomía del Poder Judicial que esta acusación pueda ser aprobada en el Congreso. Además, le plantearon los posibles efectos que podría tener en la confianza pública y para los ciudadanos que recurren a los tribunales para que resolver sus conflictos.

Quienes conocieron el contenido de la reunión, explican que el Mandatario escuchó atentamente a los ministros y se mostró interesado en conocer cómo se toma los comentarios el mundo político respecto de las actuaciones del Poder Judicial y, específicamente, si le incomodaba las opiniones sobre las resoluciones de los tribunales. Los magistrados aseguron que eso es algo que al máximo tribunal no le molesta, sino que lo que genera preocupación es que el Congreso se transforme en una especie de última instancia cuando no estén de acuerdo con uno de sus fallos y se use para ello la destitución de sus integrantes.

Libertades condicionales

Los temas de las libertades condicionales y la presentación de un proyecto de ley que modifique el Decreto 321 fueron abordados someramente y no en profundidad en el encuentro. El Presidente Piñera les mencionó a los ministros la posibilidad de legislar, pero no su opinión al respecto y de los cambios que se podrían introducir.

“Amedrentamiento” al Congreso

Al término de la reunión, el ministro Haroldo Brito fue consultado por las declaraciones que en paralelo a la cita en La Moneda realizaron congresistas que apoyan la acusación cuestionando el encuentro y señalando que era un “amedrentamiento” de dos poderes del Estado contra el Congreso. “No tenemos intención y capacidades de amedrentar a nadie”, dijo el presidente del máximo tribunal, quien además recalcó que el encuentro fue público.

Agregó que no puede verse la cita como “una presión indebida” y que “el objetivo fue hacer presente al Jefe del Estado la preocupación de la Corte Suprema por la acusación constitucional contra tres ministros, por una actuación de naturaleza jurisdiccional que nosotros entendemos está al margen del mecanismo de control parlamentario (…) Esta situación genera un comportamiento preocupante, y hay roces de funciones”.

DESCARGOS
Los tres ministros acusados no ejercerán la facultad de ir a exponer a la Cámara, solo lo harán a través de sus abogados.
 Diputados Silber (DC) y Meza (PR) anuncian rechazo a acusación constitucional

A dos días de que venza el plazo para que los tres magistrados de la Corte Suprema acusados constitucionalmente presenten su defensa, al interior de las bancadas de oposición el tema sigue dividiendo, y ya hay diputados que anunciaron ayer su rechazo.

Ayer, la mesa directiva del PR les informó a los diputados que el Comité Ejecutivo Nacional de la colectividad emitió un informe en que se sostiene que “la actuación de los magistrados al dictar dichos fallos no reviste las características que permitan considerar que se ha configurado la causal de ‘Notable Abandono de Deberes’ que exige la Constitución para una acusación constitucional”.

La declaración pide además a los diputados poner el foco en la nueva ley de libertades condicionales.

En esta línea y tras el almuerzo que sostuvo el presidente del partido Carlos Maldonado con la bancada, el diputado Fernando Meza aseguró que “no vamos a aprobar esta acusación. En algunos casos habrá pareos; en otros, abstenciones, y en otros, rechazo. En lo personal voy a rechazar”.

Esa postura estaría ganando fuerza en la bancada. En la misma línea estarían Carlos Abel Jarpa y José Pérez, quien ha dicho que ve como “complejo” el libelo. La diputada Marcela Hernando, por su parte, continúa evaluando su decisión. Hasta hoy, solo dos de los seis radicales votarían a favor: Alexis Sepúlveda y Cosme Mellado. “La opinión del CEN hoy es extemporánea, ya habíamos tomado una decisión. Sí se justifica esta acusación”, aseguró Mellado.

En el PPD, la mesa de Heraldo Muñoz también había sugerido a sus diputados que el libelo “no es la mejor opción”, pero ayer la bancada ratificó, en su almuerzo, su decisión de respaldarlo.

Rechazo DC

Un panorama similar al del PR se da al interior de la DC, donde varios diputados estarían por rechazar.

“Yo he seguido de cerca los argumentos del libelo y por difícil que ha resultado esta decisión, la voy a rechazar. No veo en la acusación argumentos que sustenten la destitución de magistrados y es grave el precedente institucional que estamos sentando. No se puede atacar los fallos por la vía de destituir a quienes los emiten”, dijo el diputado Gabriel Silber (DC), quien advirtió que es responsabilidad del Parlamento no haber legislado de manera más precisa sobre libertades condicionales: “El poder legislativo no puede mirar para el techo respecto de nuestra responsabilidad. Acá hay un abandono de casi un año. Al final del día la palabra la tenemos nosotros y queremos echarle la culpa al empedrado”.

En su misma postura, explican en la DC, estarían los diputados Miguel Ángel Calisto, Jorge Sabag y Joanna Pérez, entre otros. Con dudas estarían en tanto el jefe de bancada Matías Walker y el diputado Iván Flores, mientras que Raúl Soto y Gabriel Ascencio votarían a favor. También podría sumarse a ellos Víctor Torres.

Los cerca de cuatro votos DC y dos votos PR que ya se estarían bajando de respaldar el recurso hacen presagiar un estrecho margen para que el libelo pueda conseguir los 78 votos que necesita para ser aprobado en la Sala.

Actualmente, la oposición cuenta con 83 escaños, por lo que sin los votos de parte importante de la bancada DC y PR, la acusación podría caerse, ya que solo entre esas dos bancadas hay 20 votos en juego.

Juica explica en qué casos concedió libertad condicional

“No creo que haya variado tanto la jurisprudencia”, es lo primero que dice el ex presidente de la Corte Suprema y de la Sala Penal, Milton Juica, sobre el debate de las libertades condicionales en casos de lesa humanidad. Los impulsores de la acusación constitucional han planteado que la jurisprudencia en la Sala Penal cambió tras su jubilación. Punto que los tres magistrados acusados pretenden desvirtuar en sus descargos en el Congreso.

Para ello, presentarán cifras: de las 49 libertades condicionales solicitadas desde 2015 a la fecha por condenados en causa de Derechos Humanos, en al menos dos, Juica concedió la libertad condicional. Una es el caso de Ambler Hinojosa, teniente de Carabineros condenado en 2010 a 7 años de presidio por el homicidio de los hermanos Eduardo y Rafael Vergara Toledo, militantes del MIR, ocurrido en Villa Francia en 1985. El beneficio se le concedió en septiembre de 2016, y terminaba de cumplir en agosto de 2017. El otro caso fue el de Conrado Sesnic, coronel de Carabineros del Comando Operativo del Centro de Inteligencia Regional (CIRE) que secuestraron, torturaron y desaparecieron al militante del MIR Rudy Cárcamo Ruiz.

“Mi criterio para otorgar libertades condicionales es que le quedara poco tiempo para cumplir la condena (al reo), y que no haya tenido participación en más de un hecho; y tercero, el grado de jerarquía que tuviera. Esto primó cuando las concedí porque generalmente las rechazaba”. Juica expone hoy en comisión de la Cámara que debe emitir informe acerca de si procede acusación.

49 libertades condicionales han sido solicitadas entre 2015 y 2018 en casos de derechos humanos. De ellas, 25 fueron aprobadas.

Fuente: El Mercurio, miércoles 05 de septiembre de 2018