TC confecciona fallos tipo por avalancha de recursos por leyes Emilia y de Control de Armas

El explosivo aumento en el ingreso de causas que ha tenido este año el Tribunal Constitucional (TC), con un total de 705, ha obligado al organismo a adoptar diversas medidas para agilizar la tramitación de los procesos. La cifra ya dobló los ingresos de 2016, con 357 causas, y de 2015, con 186.

El incremento se debe, principalmente, por las leyes Emilia y de Control de Armas, lo que ha obligado al organismo para fallar a realizar plenos extraordinarios todos los jueves.

Debido a ello, se resolvió confeccionar «fallos tipo» de las sentencias que resuelve el Pleno. Y lo mismo se realiza en las resoluciones de admisión a trámite y admisibilidad que se ven en sala. Todo esto, solo en los casos de recursos de inaplicabilidad de las dos leyes mencionadas.

Esta no es la primera vez que se realizan estos fallos tipo en el TC. Ya ocurrió antes con las inaplicabilidades por el alza de los planes de isapres. La misma medida tuvo que adoptar el Poder Judicial, tanto la Corte Suprema como las Cortes de Apelaciones, por el aumento explosivo de recursos de protección presentados en contra de las instituciones de salud previsional.

La mayor parte de los reclamos de inconstitucionalidad ingresados al TC ha sido acogida por considerarse las normas contrarias a la Carta Fundamental, pues limitan las facultades del juez para imponer penas sustitutivas a la de presidio.

Pero el tribunal no ha resuelto de oficio revisar la inconstitucionalidad de la norma, ya que para ello se requiere de un alto quórum, de ocho de los diez ministros. La mayor parte de estos recursos ha sido acogida, por seis votos contra cuatro, porque la Constitución garantiza la igualdad ante la ley.

Hay otro fallo en el que se acogió por siete votos contra tres. De esta manera, no estarían los ocho votos que se requieren para derogar la norma.

De todas formas, en el caso de la regulación de las armas de fuego se deberán pronunciar sobre la inconstitucionalidad del artículo que obliga a los tribunales a aplicar penas de cárcel efectiva, sin beneficios, a quienes sean sorprendidos con artefactos o armamento que no estén inscritos. Ello, ante una solicitud presentada por un abogado.

Esta es una facultad que el TC adquirió con la reforma constitucional del año 2005, lo que implica derogar o retirar del ordenamiento jurídico normas que han sido permanentemente declaradas inaplicables a través de recursos. Así ocurrió con el artículo 116 del Código Tributario.

Respecto de reclamos por condenas por infracción a Ley de Control de Armas, han ingresado cerca de 466 causas. Mientras que contra la Ley Emilia, este año se han interpuesto 57 recursos.

En entrevista con «El Mercurio», el presidente del TC, Iván Aróstica, aseguró que su hoja de ruta es avanzar en la transparencia, mejorar la calidad y el lenguaje de las sentencias, e imprimir celeridad en los fallos.

Respecto del atraso en la redacción de estos, ya planteó el tema ante el Pleno, con el fin de acelerar la entrega, ya que han recibido reclamos de la Corte Suprema, pues hay procesos paralizados hace más de un año.

Por ejemplo, hay 32 causas pendientes de 2016. El fallo más atrasado, de más de un año, data del 9 de febrero de ese año, el acuerdo es de octubre, y aún no se dicta la sentencia.

Asimismo, los integrantes del TC están inquietos porque hace más de dos años que no se nombra a los ministros suplentes, que reemplazarán a los titulares. Están a la espera del nombramiento en el Senado.

El tema fue incluso conversado entre Aróstica y la Presidenta Michelle Bachelet, quien se mostró preocupada, ya que en una ocasión hubo que pedir que un ministro suspendiera su licencia para sesionar.

INGRESOS
De las 730 ingresadas este año, 705 son recursos de inaplicabilidad.

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