Articulos / Noticias

Tiemblan los delincuentes de cuello y corbata: cohecho tendrá categoría de crimen y el piso de la pena serán 5 años

30 de julio 2018

En la propuesta del Ejecutivo está contemplada la figura de cohecho agravado en el caso de empleados públicos que desempeñen cargos de elección popular, de exclusiva confianza del Presidente de la República o de los elegidos mediante Alta Dirección Pública (ADP) del primer nivel jerárquico, lo que en la práctica significa que en el caso de que esas autoridades cometan el delito de cohecho, el piso de la pena sea de cinco años, otorgándole, por lo tanto, la categoría de crimen.

El ministro de Justicia, Hernán Larraín, acudirá mañana a una nueva sesión de la comisión mixta, la cual revisa el proyecto que modifica el Código Penal en materia de corrupción.

En la ocasión, Larraín presentará un nuevo tipo penal de cohecho y, además, una nueva figura de cooperación eficaz. Esto, en el contexto de que los parlamentarios de la oposición buscaran disminuir los requisitos probatorios en caso de cohecho.

En concreto, el borrador de la propuesta del Ejecutivo -publicado por La Tercera- crea una nueva figura de cohecho por mera actividad o en razón del cargo, sin plantear la necesidad de que se deba probar una contraprestación: “El empleado público que en razón de su cargo solicitare o aceptare un beneficio económico o de otra naturaleza para sí o para un tercero, será sancionado con la pena de reclusión menor en su grado medio (541 días a tres años), inhabilitación absoluta para cargos u oficios públicos temporal en su grado mínimo y multa del tanto del beneficio solicitado o aceptado”, reza el documento.

Asimismo, la propuesta sube en un grado las penas, dado que en la actualidad el cohecho base se castiga con reclusión menor en su grado mínimo (61 a 540 días).

Y agregan que ““si el beneficio fuere de naturaleza distinta a la económica, la multa será de 25 a 250 UTM”. Es decir, desde $ 1 millón 192 mil a $ 11 millones 920 mil, según el valor de la UTM de julio.

Por otra parte, cabe destacar que la propuesta también contempla una nueva redacción para el delito de soborno. En ese sentido, se detalla que tratándose del beneficio “dado u ofrecido”, es decir, el que es entregado por iniciativa de un particular a un funcionario público, el sobornante será sancionado con la pena de reclusión menor en su grado medio. Y en el caso del beneficio “consentido” -el que entrega un particular por iniciativa de un funcionario público- se sancionará con la pena de reclusión menor en su grado mínimo.

En tanto, en la propuesta del Ejecutivo está contemplada la figura de cohecho agravado en el caso de empleados públicos que desempeñen cargos de elección popular, de exclusiva confianza del Presidente de la República o de los elegidos mediante Alta Dirección Pública (ADP) del primer nivel jerárquico, lo que en la práctica significa que en el caso de que esas autoridades cometan el delito de cohecho, el piso de la pena sea de cinco años, otorgándole, de esa manera, la categoría de crimen. Esto implica que no se podrá cumplir en libertad, como sucede ahora.

Por último, el ministro Larraín propondrá una nueva figura de “cooperación eficaz”, la cual establece como atenuante el “suministro de informaciones o datos precisos, verídicos y comprobables, que contribuyan necesariamente” al esclarecimiento de los hechos investigados, permitan la identificación de los responsables o sirva para prevenir o impedir la consumación de los delitos. En estos casos, el tribunal podrá rebajar hasta en dos grados la pena.

Fuente: elmostrador.cl