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Fiscalía en la polémica: Las críticas y la respuesta de Abbott por salidas alternativas en saqueos

4 de diciembre 2019

La suspensión condicional de 26 personas imputadas por robo a un supermercado provocó el rechazo a las decisiones del Ministerio Público, discusión que ha sido abordada tanto por penalistas como por el Gobierno.

A más 45 días del inicio del estallido social, las manifestaciones en el país se mantienen y también los desmanes y saqueos. Sólo durante la última jornada hubo 190 personas detenidas según Carabineros: 127 por desórdenes, 23 por saqueos y el resto por daños u órdenes judiciales.

Según la misma institución, desde el 18 de octubre pasado, 4.939 personas han sido detenidas por saqueos, mientras que la fiscalía cifró en más de 20 mil a los formalizados por diversos delitos relacionados con el tema a partir de la misma fecha.

Entre el total de estos últimos, según informó el ente persecutor el sábado pasado, los tribunales han decretado 1.957 prisiones preventivas, mientras que en otros 20.525 casos se determinó prohibición de asistir a determinados lugares, de acercarse a la víctima, y de salir del territorio nacional. Así, el total de medidas cautelares del período asciende a 22.581 para un total de 20.207 formalizados.

A pesar del alto número de detenciones y los días transcurridos, sólo tres personas han sido procesadas por la quema de estaciones de Metro. Mientras que en las últimas 48 horas, se anunció que este martes se formalizará a otros dos imputados por el mismo delito.

En este contexto, el Ministerio Público, organismo encargado de las respectivas investigaciones, ha sido foco de constantes críticas, ya que si bien se ha advertido que Carabineros se ha visto sobrepasado, se acusa que las personas que las policías detienen quedan finalmente en libertad.

Salidas alternativas

El 21 de octubre, en uno de los primeros días de la crisis y bajo estado de emergencia, el 21 de octubre se produjo la detención de 26 personas por el delito de saqueo a un supermercado en Conchalí. Dada la contingencia en el país, el Gobierno se querelló por la Ley de Seguridad Interior del Estado.

El 25 de noviembre, según consignó El Mercurio, ingresó una solicitud al 2° Juzgado de Garantía de Santiago de parte del fiscal Ulises Berríos, de la Fiscalía Centro Norte, para una «audiencia de salida alternativa» a los 26 imputados. Es decir, la suspensión condicional, tanto por su irreprochable conducta anterior como por la baja pena del delito de robo en lugar no habitado, quedando fijada la audiencia para el viernes 6 de diciembre.

La solicitud generó críticas. Tres de los cuatro abogados penalistas convocados por el Gobierno, Jorge Bofill, Samuel Donoso y Gabriel Zaliasnik -faltando Marcelo Sanfeliú-, mostraron sus diferencias con este gesto.

«Es una pésima señal», sostuvo Donoso al mencionado medio el sábado pasado, y agregó que es «francamente insólito y un abandono de deberes grave en los momentos que atraviesa el país». Además, dijo, «es prácticamente incentivar a que los hechos sigan ocurriendo» al no establecer sanciones al respecto.

Bofill añadió que «aquí no solo hay un problema de incumplimiento de deberes de los fiscales que instan por estas suspensiones condicionales, sino que acá no existe una política de persecución penal (…), de una política criminal del Ministerio Público», manifestó, cuestionando el mensaje que entregan los fiscales con estas medidas.

Pero además el penalista recalcó que el delito había sido admitido bajo la Ley de Seguridad del Estado, siendo tramitado por el tribunal, indicando que las penas entonces pueden alcanzar hasta los 10 años.

Sumado a lo anterior, Zaliasnik dijo que «si queremos preservar el Estado de Derecho, la labor oportuna y decidida del Ministerio Público es de especial importancia». Además, «espero que el fiscal nacional (Jorge Abbott) haya dado instrucciones claras de investigación» para quienes sean detenidos.

Respuesta del fiscal nacional

Sin embargo, ayer Jorge Abbott respondió a las críticas de los penalistas. El fiscal nacional sostuvo en Tele13 Radio «que en estos hechos hay situaciones de muy baja gravedad en algunos casos, o situaciones en las cuales el Ministerio Público tiene muy poca prueba, y en consecuencia lo más probable es que nos enfrentemos a alguna absolución o a alguna pena absolutamente irrisoria que al final del día pueda ser razonable llegar a una suspensión condicional».

Y añadió: «Lo que sí nos llama la atención es que nuestros críticos son precisamente quienes han sido abogados de empresas o instituciones o personas que han accedido a suspensiones condicionales por hechos que han sido particularmente graves también. Por ejemplo en el caso Penta, en el caso SQM, en el caso del senador Iván Moreira», agregando que en las críticas a las salidas alternativas hay «una severidad que no tuvieron respecto de quienes ellos representaron en algún minuto».

Sobre el mensaje que se entrega con la suspensión condicional, Abbott indicó que es el «mismo valor simbólico que se tiene respecto de las otras suspensiones condicionales, cuando se trata de fraude tributario, cuando se trata de personas que inventan boletas para rebajarlas en las empresas de sus cónyuges, etc.».

Pero en conversación con el mismo medio esta mañana, Bofill se volvió a manifestar, y opinó: «No creo que sea comparable la situación de alguien que es formalizado y lleva cinco años perseguido y se investiga hasta el final, con la decisión que estamos criticando ahora. Estamos comparando peras con manzanas».

Por lo que el abogado reiteró el actuar del ente persecutor, aseverando que existe un «atolondramiento evidente del Ministerio Público que no puede obedecer a razones técnicas» e incluso una «dejación». «Me parece que hay un juicio muy apresurado en este caso: estamos hablando de una investigación que empezó hace menos de un mes, y al mes ya se toma la decisión de sacar a 26 personas», reprochó Bofill, asegurando que «nadie pretende que toda esta gente vaya presa, pero sí que eventualmente tengan una pena, aunque sea una menor».

«Son organismos autónomos»

Desde el Gobierno también se han sumado críticas en cuanto a la gestión del Ministerio Público durante la crisis. El ministro de Justicia, Hernán Larraín, se refirió este martes a la discusión que se generó por la salida alternativa de los 26 detenidos. «Vamos a oír, vamos a conversar y vamos a evaluar en su momento qué opinión nos corresponde dar».

Mañana miércoles se espera que se reúna la Comisión Coordinadora del Sistema de Justicia Penal por tercera vez desde la crisis, con el objetivo de revisar el trabajo de las distintas instituciones involucradas en la materia, por lo cual se evaluará el desempeño del ministerio en cuestión.

Ante este escenario, el ministro agregó que «tenemos que tener cuidado con ir más allá de lo que nos toca. Son organismos autónomos, respecto de los cuales el Gobierno debe procurar que actúen, pero no debe necesariamente interferir en este procedimiento», asegurando que mañana se analizará la situación y, de ser necesario, solucionar eventuales problemas.

Además, Larraín aseguró que las críticas son «parte de las inquietudes que queremos escuchar del Ministerio Público, cómo están ellos abordando esta tarea». Y agregó que «queremos aquí ser muy honestos, muy transparentes, y decir cómo estamos funcionando» y que «veamos qué está haciendo el Ministerio Público, cómo está llevando adelante su labor».

Desde el Congreso, la diputada María José Hoffmann (UDI) envió una solicitud el día de ayer al presidente de la Cámara, Iván Flores, para realizar «una sesión especial a fin de analizar la forma y el modo en que se han desarrollado las distintas etapas de investigación y formalización de los ciudadanos que han sido puestos a disposición del Ministerio Público, en especial conocer el avance de las investigaciones (…)», señalaron desde el partido.

«Creemos necesario conocer la estrategia penal utilizada y los resultados procesales ante los tribunales de garantía», agregó la jefa de bancada de la UDI.

Iniciativa que la ministra vocera de Gobierno, Karla Rubilar, dijo esta mañana en Radio Pauta «podría ser un aporte interesante», ya que a pesar de conocer la alta cifra de detenidos, «no tenemos toda la información para saber -siendo muy honesta- qué nivel de trabajo se está haciendo en el Ministerio Público».

Así, señaló que el organismo debería realizar una «cuenta pública» para aclarar el número de detenidos, cuántos pasan a detención, o quedan en prisión preventiva, entre otros, además de que este conteo permitiría evaluar a quién corresponde la responsabilidad del bajo número de sanciones, indicó la ministra.

Fuente: emol.cl