Presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, destaca independencia del Poder Judicial en la cuenta pública 2019
A la tradicional actividad de inauguración del año judicial asistieron, además, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín; el presidente del Senado, Carlos Montes; la presidenta de la Cámara de Diputados, Maya Fernández; el fiscal nacional, Jorge Abbott; el presidente del Tribunal Constitucional, Iván Aróstica; el contralor general de la República, Jorge Bermúdez, y el defensor nacional, Andrés Manhke, entre otros.
«Quiero comenzar esta cuenta teniendo en consideración que un Poder Judicial al servicio de las personas y sus derechos requiere de completa independencia y eficacia para resolver los conflictos que le son planteados, afirmó el presidente Brito al iniciar la rendición de cuenta.
A renglón seguido, agregó que: «La independencia, desde esta perspectiva, no puede ser justificada sólo como un requisito para la separación de poderes. Al concebir al Poder Judicial como el principal garante de los derechos de las personas, la independencia judicial se vuelve ineludible para el reconocimiento y protección de los derechos humanos. Por ello, si se pierde esta condición, toda la función judicial carece de sentido; al punto que, desde esta óptica, el funcionamiento del Poder Judicial en otras condiciones es, en sí mismo, una violación de las obligaciones internacionales de Derechos Humanos».
«Tal como lo señalamos en su oportunidad –continuó–, la existencia de esta herramienta constitucional es parte del control recíproco de pesos y contrapesos de un Estado de Derecho Democrático y, por ello, obliga a un ejercicio responsable y cuidadoso, pues de no emplearse así, este mecanismo de excepción corre el riesgo de convertirse en un instrumento ilegítimo para revisar el contenido de resoluciones judiciales, lo que pone en tela de juicio el Estado de Derecho, pues de ese modo se resiente por completo el sistema de protección de los derechos humanos, que se construye a partir del ejercicio de la jurisdicción por un Poder Judicial independiente, autónomo e imparcial».
El presidente Brito aseveró que: «Esta Corte está consciente de las graves dificultades que surgen para avanzar en justicia penal y reparación civil, sobre todo en el esclarecimiento de delitos de lesa humanidad. Estas dificultades han generado tardanza, toda vez que existen numerosos procesos inconclusos. Pero también estamos conscientes de los avances que evidencian las estadísticas, sobre todo por el número de procesos terminados en todos sus grados jurisdiccionales».
Asimismo, recordó episodios «que han tensionado el actual diseño organizacional y normativo, lo que puede dificultar el ejercicio de potestades esenciales del Estado. Ello evidencia la necesidad de observar rigurosamente los límites insalvables de las distintas competencias».
«(…) casos como el fallo del Tribunal Constitucional que declaró inaplicable las normas del Código del Trabajo sobre tutela laboral en un proceso en que se pretendía unificar jurisprudencia en favor de una funcionaria municipal y la contienda de competencia trabada entre la Corte Suprema y la Contraloría General de la República, reflejan la existencia de áreas cuyos límites requieren análisis y observación crítica que conduzcan a superar un estado de tensión que, de ser exacerbado, puede afectar la estabilidad y seguridad jurídica. Se trata de decisiones en las que se juegan las características más propias de la juridicidad institucional; por lo mismo, de la mayor importancia para las estructuras de este orden», advirtió.
Para el presidente de la Corte Suprema: «La labor del Poder Judicial y su rol como poder del Estado, se entienden en un sistema de distribución de funciones que, por encontrarse en constante movimiento, genera roces que deben ser resueltos por el mismo sistema jurídico institucional».
Protección de menores
Respecto de la situación de niños, niñas y adolescentes, el presidente Brito, aseguró que ante la irrupción de graves falencias en el sistema proteccional de menores, el Poder Judicial ha adoptado una serie de medidas para garantizar sus derechos.
«Estamos trabajando en diseñar una política institucional que permita garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, intensificando la promoción, diseño e implementación de programas y proyectos orientados a ellos», afirmó, por ello, agregó que: «A partir de una propuesta presentada en mayo pasado, y por acuerdo del Tribunal Pleno de agosto se conformó un Grupo de Trabajo para el reconocimiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes. El objetivo de este grupo es diseñar una política institucional que permita garantizar estos derechos, debiéndose previamente hacer diagnósticos de la situación real e intensificar la promoción, diseño e implementación de programas y proyectos orientados al reconocimiento de los mismos en toda circunstancia».
Trabajo que permitió generar «44 acciones que fueron aprobadas por el Tribunal Pleno y enviadas por intermedio del Ministerio de Justicia como parte del informe del Estado al Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas. Estas acciones intentan revertir las indebidas condiciones que afectaron a este grupo de niños, niñas y adolescentes. Entre éstas es bueno destacar el reforzamiento de la formación continua para jueces y personal del tribunal, mejoras en la calidad del registro administrativo y del sistema informático, perfeccionamiento del sistema de coordinación para el control de las medidas de protección y del programa de familia de acogida, además de la revisión del sistema de visitas a los centros residenciales», detalló.
No discriminación
En la cuenta pública, el presidente Brito también valoró la labor desplegada la secretaría de género y no discriminación en el pasado año.
«Dentro del trabajo efectuado por la Secretaría Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación durante el 2018, entre varios de sus logros, quiero destacar tres elementos que se vinculan de manera directa con lo jurisdiccional: la elaboración del ‘Cuaderno de Buenas Prácticas para la incorporación de la perspectiva de género en las sentencias’, el inicio del ‘Estudio sobre análisis de las falencias en materia de Igualdad de Género en la normativa y jurisprudencia nacional’ y la ‘Guía de recomendaciones para mejorar el acceso a la justicia de mujeres víctimas de violencia de género’, destinado a adaptar a la realidad nacional el documento de la Cumbre Judicial Iberoamericana titulado ‘Protocolo de Actuación Judicial para casos de violencia de género en contra de las mujeres», relevó.
Hitos a los que agregó las iniciativas que apuntan a la prevención, denuncia y tratamiento del acoso sexual en los tribunales y unidades judiciales del país.
«También merece particular atención en este ámbito la aprobación por el Pleno de la Corte Suprema, del Procedimiento de actuación para la prevención, denuncia y tratamiento del acoso sexual en el Poder Judicial, el que entró en vigencia el 1 de julio del año pasado, motivando elogiosos comentarios», añadió.
En el resumen de 2018, el presidente Haroldo Brito llamó la atención sobre la labor realizada por la justicia laboral y el aumento sostenido de causas sobre la materia que ingresan.»En la jurisdicción laboral, desde hace un tiempo y de manera sostenida, los tribunales laborales de las grandes ciudades del país reciben cada vez más causas. Esto se ha traducido en la tardanza en la resolución de las demandas de esta clase y en una aguda desproporción de las cargas de trabajo», dijo.
Asimismo, recordó que en la cuenta anual anterior, «señalamos que la incapacidad orgánica afectaba seriamente al sector del trabajo y la empresa, lo que necesariamente debía atenderse con prontitud. Es por eso que se han sostenido conversaciones con el Ejecutivo sobre la necesidad de aumentar la dotación de jueces laborales, diagnóstico que es compartido por la autoridad», contó el presidente Brito, quien agregó que: «El Ministerio del Trabajo ha iniciado estudios dirigidos a resolver estas graves falencias para poner a disposición de las personas una mayor dotación de jueces. En estos esfuerzos también se ha involucrado la Corporación Administrativa del Poder Judicial, pues deben ser resueltas diversas y costosas cuestiones, entre ellas, la infraestructura».
Privados de libertad
Otro punto que destacó en la cuenta pública el presidente de la Corte Suprema fue el relativo a las críticas condiciones que enfrenta la población penal y el estado de los recintos penitenciarios a lo largo del país.
«Lo menciono con ocasión del acceso a la justicia por cuanto resulta ineludible alcanzar una comprensión de la ejecución penal y particularmente de la situación carcelaria como una problemática de derechos humanos. Las inaceptables circunstancias en que las personas privadas de libertad cumplen sus condenas en Chile constituyen una clara barrera a un pleno acceso a la justicia que les permita el legítimo ejercicio de los derechos que la Constitución y el Derecho Internacional humanitario les reconocen», planteó.
Durante el año pasado, agregó finalmente el presidente Brito, sucedieron algunas situaciones inusuales, que no deben pasarse por alto. «Los primeros guardan relación con la alteración de pruebas; esto es, se buscó por agentes del Estado acomodar la prueba reunida con la finalidad de inculpar a personas a cuyo respecto no se contaba con elementos de cargo o eran escasos. La prueba, según la información pública, también fue alterada para liberar de responsabilidad penal a algunos de los partícipes en otros hechos», enfatizó.
«Vemos en estos sucesos una situación de especial gravedad. Si bien es cierto que toda la prueba que aportan los intervinientes ha de ser apreciada por los jueces, esto difícilmente puede ser suficiente resguardo cuando la prueba ha sido intencionalmente manipulada a los efectos de producir una convicción distinta, como consecuencia de la información engañosa que se proporciona», agregó.
Respecto del mejoramiento de la gestión judicial y la modernización de los tribunales del país, el presidente Brito afirmó que: «Permanentemente buscamos impulsar la innovación como un mecanismo de mejora continua, al tiempo que también perseguimos integrar las ideas de todos los componentes del Poder Judicial para optimizar la calidad del servicio».
En la cuenta pública, el presidente Brito informó que en 2018 se registraron 3.549.819 ingresos en los tribunales de primera instancia del país. De las cuales, 2.777.365 llegaron a término. En los tribunales de segunda instancia hubo 276.068 ingresos y 264.625 términos, y en la Corte Suprema 33.486 ingresos y 29.881 términos.
Otro punto que destacó el presidente Brito, fue el avance que durante 2018, se dio en la construcción de nuevos centros de justicia en Alto Hospicio, La Serena y San Miguel; juzgados de familia Puente Alto, Talagante, Rancagua, Tomé, Temuco y Puerto Williams, y la nuevas sedes de la Corte de Apelaciones de Santiago y San Miguel, entre otras.
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