La evolución, labor y desafíos de la justicia de Familia en Chile, especialmente aquella realizada por los juzgados a nivel nacional, fue el tema central del discurso con el que el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, inauguró el II Congreso de la Asociación Internacional de Juristas de Derecho de Familia (AIJUDEFA), realizada en el Salón de Honor del Palacio de Tribunales.
La jornada inicial, a la que asistieron 150 personas, contó la presencia de la ministra del máximo tribunal Andrea Muñoz; el subsecretario de Justicia, Juan José Ossa; el magistrado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Ricardo Pérez Manrique; la presidenta de la AIJUDEFA, Lola López-Muelas; la defensora de la Niñez, Patricia Muñoz; la abogada y organizadora del congreso en Chile, Daniela Horvitz; el director de la Academia Judicial, Juan Enrique Vargas y la presidenta del Colegio de Abogados, Leonor Etcheberry, entre otras destacadas autoridades y representantes nacionales y extranjeros.
Tras referirse a algunas particularidades y aspectos que han modernizado a de la justicia de Familia, el presidente Brito señaló que esta judicatura «ha sido puesta en situación de relevar los serios problemas que adolece la institucionalidad de infancia y adolescencia. Frente a tal escenario, conocido ya sobradamente por todos, como Poder Judicial nos hemos propuesto desarrollar acciones internas que den coherencia a las actuaciones de nuestra institución en materia de infancia y coordinar con otros entes del estado tales acciones para su mejor aplicación».
Afirmó que «tanto a través de la actuación propia del juez en sus resoluciones, como por medio de mejoras de gestión o información que den soporte fáctico a esas decisiones, así como mediante la generación de lineamientos y políticas en la materia, se hace posible perfeccionar esta judicatura que, por sus especialísimas particularidades, requiere ser abordada en forma multidisciplinaria».
En esa línea, el presidente Haroldo Brito valoró la realización de este tipo de encuentros y agregó que para la contribución de esos objetivos «resulta fundamental, siempre, el intercambio de experiencias y conocimientos del mundo académico y de los operadores de justicia especializada, pues representa una oportunidad para la visibilización, conocimiento de buenas prácticas y posibles soluciones a los conflictos asociados al ámbito familiar, que por su naturaleza esencialmente cambiante, obligan a su revisión permanente y desafiante».