A diferencia de lo que sucedía antes, en la actualidad la institución está integrada en su mayor parte por abogados ya recibidos, quienes son responsables de las causas, mientras los egresados y licenciados en derecho que realizan su práctica profesional tienen un rol más acotado.
“Este año la Corporación ha estado en un proceso de visibilización. Queremos salir del ámbito en que somos conocidos, es decir, entre abogados, el Ministerio de Justicia, el mundo académico; queremos ampliarnos a la ciudadanía, que nuestros servicios puedan ser conocidos. Porque la Corporación ha cambiado mucho durante este tiempo y nos hemos transformado en un servicio profesionalizado”, dice Alejandro Díaz (42 años, abogado), en esta calurosa tarde de noviembre.Ingresó a la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ) en 2010, como jefe del Departamento Jurídico, y es director general de ella desde 2019, después de haber sido durante un año director subrogante. La Corporación fue creada en 1981, con el fin de prestar orientación y asesoría jurídica a todas las personas que lo requieran, y patrocinar judicialmente en forma gratuita a quienes no cuenten con los recursos para hacerlo. Asimismo, brinda la posibilidad de que los egresados y licenciados en derecho puedan realizar su práctica profesional tanto en la Corporación misma como en alguna de las instituciones en convenio. Cuenta con presencia territorial en las regiones Metropolitana, del Libertador Bernardo O’Higgins, Del Maule y de Magallanes y la Antártica Chilena, y presta atención en más de 125 comunas a lo largo de Chile. En aquellas comunas donde no tiene presencia física, atiende a través de móviles y abogados que se desplazan hacia dichos lugares para acceder en terreno a la población.
Sin embargo, el objetivo de la Corporación es entregar un mejor servicio y para ello Díaz está empeñado en dos líneas fundamentales de acción: mejorar la infraestructura y establecer también mejores condiciones de trabajo y mayor capacitación para los funcionarios.
– Junto a eso también estamos en el proceso de hacer alianzas estratégicas con otras instituciones públicas y de la organización civil para sacar adelante nuevas iniciativas, enfocados en la satisfacción del usuario. A contar del año 2009 o 2010, la Corporación dio un salto hacia la profesionalización propiamente tal, y hoy el servicio es atendido fundamentalmente con abogados. En total, cuenta con 800 funcionarios, de los cuales el 70% son profesionales, y en la Región Metropolitana trabajan alrededor de 580 abogados. Existen diversas líneas, entre ellas la laboral, donde el servicio que se presta a la comunidad es ejercido en un 100 por ciento por profesionales.
– ¿Esto ha significado mejorar la calidad de las atenciones?
– Sin duda es un servicio de una calidad mayor, por cuanto los abogados también tienen mayor preparación y expertise. Hasta noviembre de 2019, ingresamos más de 72 mil causas, de las cuales el 74% de ellas fue con resultados favorables. Esos números, esa prestación de servicios, es lo que le queremos mostrar a la ciudadanía a través de este proceso de visibilización, como también decir que la Corporación se ha transformado en un muy buen referente para la comunidad y especialmente para las personas de escasos recursos.
– ¿Cuál es la labor de los estudiantes que realizan aquí su práctica profesional?
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Fuente: Revista