Abbott advierte la necesidad de validar las pruebas de Inteligencia en tribunales
En Comisión Especial de Seguridad del Senado:
El fiscal nacional subrayó además los desafíos pendientes en la política de persecución penal y que incluye, entre otros, la prioridad en casos de delitos violentos, contra la propiedad y aquellos que afectan a menores.
Hasta el tercer piso del Congreso en Valparaíso, llegó al mediodía de ayer el fiscal nacional Jorge Abbott junto al director de la Unidad Especializada en Lavado de Activos, Delitos Económicos y Crimen Organizado (Uldecco), Mauricio Fernández, y la gerenta de estudios del Ministerio Público, Nelly Salvo.
Y lo hizo para exponer en la Comisión Especial de Seguridad del Senado donde dio a conocer las prioridades de la fiscalía en la persecución penal y la política instaurada en diversas materias donde se priorizaron los delitos de acuerdo a su gravedad. Primero aquellos violentos que afectan a la propiedad, crimen organizado, los que afectan a víctimas más vulnerables o los que involucran a niños en contextos de violencia intrafamiliar.
Abbott expuso que «hemos fijado las prioridades y criterios de actuación que nacen de esas prioridades. El fiscal nacional tiene capacidad de dictar criterios de actuación, respecto de los cuales los fiscales regionales y adjuntos tienen que adecuar sus actuaciones».
Más de 460 reuniones con las policías
El trabajo con Carabineros y la Policía de Investigaciones es uno de los aspectos a mejorar en el marco de la persecución penal, indicó el fiscal nacional.
En esa línea, explicó ante los congresistas que se debe mejorar la labor con los órganos de Inteligencia, con el fin de que se valide y legitime la prueba obtenida bajo ese marco normativo sin afectar garantías constitucionales. «Definitivamente Inteligencia tiene información, el problema es cómo uno ingresa esa información a un proceso oral público y contradictorio. Información que se levanta por personas que no pueden renunciar a su propia función y comparecer en un juicio oral», explicó Abbott.
Luego, resaltó el valor de la prueba y justificó la dureza con la que actuó el Ministerio Público en el caso de la «Operación Huracán» por la supuesta manipulación de evidencia y aseguró que «si no existe esa confianza (entre Carabineros y la fiscalía), difícilmente se puede avanzar (…) hemos dado una señal clarísima de que no es posible actuar de esa manera».
El fiscal nacional entregó cifras para graficar el estado actual de las relaciones con la policía. Explicó que en el primer trimestre de 2018 se realizaron 467 reuniones de coordinación con Carabineros. Ello, en el marco del Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos que incorpora estrategias de análisis e investigación sobre «mercados delictuales». Este año además se agregaron los delitos de armas. Desde 2016, las cifras indican que existen 209 focos delictuales vigentes y que ya se identificaron 286 bandas criminales, con 1.048 formalizados y 471 condenados, además de 64 actividades de prevención.
Crímenes de alta complejidad
El criterio en delitos de mayor complejidad se aplica -dijo Abbott- dando exclusividad de investigación a los fiscales regionales, según la política de persecución penal. Ejemplos de ello son los casos de delitos terroristas asignados al fiscal regional metropolitano Sur, Raúl Guzmán, en el de los atentados terroristas, o la indagatoria por la «Operación Huracán» que recae en el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma.
El senador Francisco Huenchumilla puso en el debate la continuidad de los persecutores regionales, quienes deben dejar el Ministerio Público al término de su mandato de ocho años. Abbott explicó que es una situación que se debe regular, porque «se pierde la enorme capacidad» que puede ser útil para el Ministerio Público.
Solicitud a la Suprema
A la salida de la comisión, el fiscal nacional respondió sobre la eventual solicitud a la Corte Suprema para que se vea su destitución que evalúa el Frente Amplio. «Si alguien pretende ejercer alguna acción, está en su derecho, y yo estoy en el derecho de defenderme en la oportunidad que corresponda», dijo Abbott.
INTELIGENCIA Y JUICIO ORAL
«Definitivamente Inteligencia tiene información; el problema es cómo uno ingresa esa información a un proceso oral público, que se levanta por personas que no pueden renunciar a su propia función y comparecer en un juicio».
FISCALES REGIONALES
«Se pierde una enorme capacidad cuando se van. Hemos planteado la necesidad de que los fiscales regionales, una vez cumplido su período, puedan volver».
BANCO UNIFICADO DE DATOS
«Tenemos que ponernos de acuerdo en los datos que cada institución está dispuesta a incorporar. Hay instituciones que solo quieren ingresar información del último tiempo y no hacia atrás. Pensamos que en el curso del presente año el BUD debería estar funcionando».
SOLICITUD DE DESTITUCIÓN
«Si alguien pretende ejercer alguna acción, está en su derecho, y yo estoy en el derecho de defenderme en la oportunidad que corresponda».