Ex presidente de la Corte Suprema y de la Sala Penal.
El ex magistrado expuso ayer en la comisión de la Cámara que revisa procedencia del libelo, junto a ministro Sergio Muñoz.
Los ex presidentes de la Corte Suprema Sergio Muñoz (izquierda) y Milton Juica , ayer en la comisión de la Cámara.
Dos ex presidentes de la Corte Suprema, Milton Juica y Sergio Muñoz, expusieron ayer ante la comisión de la Cámara de Diputados que debe informar sobre la procedencia de la acusación constitucional en contra de tres supremos.
Ambos defendieron la autonomía del Poder Judicial y la idea de que no se puede cuestionar a los ministros Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller y Manuel Antonio Valderrama por sus resoluciones. A los magistrados se les acusa de notable abandono de deberes por otorgar seis libertades condicionales a condenados en causas de violaciones a los derechos humanos.
Milton Juica, quien jubiló en junio pasado y presidió la Sala Penal, calificó de «injusta» la acusación constitucional y aseguró que el Congreso no se atrevió a legislar sobre las libertades condicionales en causas de derechos humanos. Además, defendió el rol que han tenido los tres acusados en casos de lesa humanidad. «Son los únicos que se la han jugado en este país por los derechos humanos», aseguró ante la comisión.
«¿Por qué ahora, cuando ya el Poder Judicial asumió el compromiso de investigar y reprimir todos los sucesos que ocurrieron en la dictadura, se hace una acusación constitucional, y no se hizo cuando correspondía, cuando estaban todavía vigentes aquellos actores del Poder Judicial que tanto daño hicieron a nuestra jurisdicción?», les preguntó el ex supremo a los diputados presentes.
Juica sostuvo ante la comisión que sería «dramático» si prospera este libelo contra los tres jueces. «Desde ese punto de vista, es dramático lo que va a pasar si desaparecen tres ministros que naturalmente, y esa es la paradoja del asunto y que nadie discute, han sido paladines de los derechos humanos», recalcó.
A la comisión le explicó, además, que lograr que la Corte Suprema adaptara el concepto internacional de defensa a los derechos humanos «no fue tan fácil». «Fue un largo itinerario, recién se ha consolidado una doctrina que tendría serias posibilidades de paralizarse, detenerse o retrotraerse», señaló.
El ministro Muñoz, que fue el primero en intervenir, reiteró ayer ante la comisión que «cualquier ciudadano en el país puede criticar, objetar, observar y tener un comentario por su libertad de opinión respecto de las sentencias judiciales, lo que no se puede ni por el Presidente de la República ni por el Congreso en el ejercicio de sus funciones, cualquier de ellas sea, determinar el sentido y alcance de las resoluciones judiciales».
Agregó que los magistrados no pueden ser requeridos por una acusación «por la forma como hayan dictado sus sentencias».
Fuente: El Mercurio, martes 11 de septiembre de 2018