Ex ministro Gómez concurre como imputado ante fiscal y guarda silencio a la espera de nuevos antecedentes

Con 30 minutos de anticipación el ex ministro de Justicia, José Antonio Gómez, llegó a las dependencias de la Brigada de Homicidios de la PDI, ubicada en la calle Williams Rebolledo, Ñuñoa, para declarar como imputado en la arista relacionada con el plan de Aseguramiento de la Calidad de las Residencias (Ascar) del caso Sename.

En el lugar lo esperaban policías de la Brigada de Delitos Funcionarios de la PDI y el fiscal regional de Los Lagos, Marcos Emilfork, quien lo citó a las 11:30 para declarar en la causa donde se busca determinar si se cometió el delito de aplicación pública diferente en el Ministerio de Justicia con fondos que debían destinarse al programa Ascar, entre otros.

Este plan de Justicia -que estuvo vigente durante tres años con un presupuesto superior a los $3 mil millones- se diseñó en 2013 y se ejecutó en los mandatos de los ex ministros de la cartera, Gómez (11 de marzo de 2014 a 11 de mayo de 2015) y Javiera Blanco (11 de mayo de 2015 a 19 de octubre de 2016).

El objetivo del programa era mejorar las condiciones de las residencias de vida de menores a cargo del Estado. Sin embargo, según la investigación del Ministerio Público, los fondos destinados al programa se habrían utilizado para pagar a personas que no trabajaron en él.

«No se investiga un fraude, ni apropiaciones de dineros»

A la salida de la diligencia, Gómez se refirió a la calidad en que fue citado: «Hay que aclarar que el hecho de ser imputado no significa ser culpable». Frente a la consulta de si le preocupa la posibilidad de que se hayan destinado fondos de Ascar a otros fines, el ex ministro aseguró que «siempre habrá una preocupación frente a temas que pueden ser no correctos. Pero no creo que en este caso haya sido así»

Su defensor, el abogado Juan Carlos Manríquez, explicó que se trató de una diligencia «muy útil y que ha significado un avance importante en la causa. Específicamente se nos ha esclarecido con mucho detalle que no se investiga un fraude, ni apropiaciones de dineros públicos, ni ninguna hipótesis de aquellas que puedan involucrar una falta a la probidad pública. Se trata, simplemente, de esclarecer el uso y destino de dineros dentro de los mismos clasificadores presupuestarios del ámbito público. En consecuencia, no existe ninguna sustracción de recursos que se esté investigando en esta línea».

El fiscal Emilfork se concentra en conocer la versión de las ex autoridades de gobierno que intervinieron en el cuestionado programa, luego de que la ex directora del Sename, Marcela Labraña, declarara en enero pasado sobre asesores de Justicia que figuran con pagos en Ascar: el teólogo Franklin Santibáñez y Francisco Maldonado. Labraña dijo además que conoció a Santibáñez como encargado de conflictos y que este no participó en el programa o en labores para mejorar los hogares del Sename.

Correos electrónicos
El ex ministro Gómez autorizó a la fiscalía para que accediera al contenido de los e-mails de su cuenta institucional mientras dirigió la cartera de Justicia, según confirmó su defensa. CDE dice que si hay antecedentes se querellará

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) aseguró que aún no se han querellado en el caso en que se investiga a su consejera Javiera Blanco, que está con permiso sin goce de sueldo, por la arista de supuestos nombramientos ilegales en Gendarmería cuando era ministra de Justicia. A través de un comunicado, el CDE asegura que «no cuenta con antecedentes suficientes que le permitan, por ahora, fundamentar un libelo de esa naturaleza, lo que sin duda, de ser el caso, hará cuando corresponda, en esta y en cualquier otra investigación que pudiere afectar a la mencionada Sra. Blanco o a cualquier otra persona».

El 6 de junio, el Consejo Pleno revisó el caso, sin la presencia de la ex ministra, con la información disponible hasta ese momento y resolvió que el estudio de los antecedentes «no da cuenta de la existencia de un ilícito penal».

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