148 magistrados darán inicio a nuevos juicios con menores en seis regiones

Una niña acudió a un juicio oral luego de haber declarado y ser interrogada más de nueve veces. Entre medio, la víctima cambió una y otra vez a su sicólogo de reparación y con cada nuevo especialista, volvió a narrar lo que le sucedió. La misma menor se avergüenza cuando sale a la calle, porque siente que todos saben lo que le pasó. Este es uno de los casos con los que la jueza Nora Rosati está preparando a otros magistrados para enfrentar el cambio procesal penal “más profundo y más amplio”, luego de la reforma del 2000.

Se trata de la entrada en vigencia de la Ley 21.057 sobre entrevistas videograbadas, que está a punto de entrar en régimen. Lo único que falta es que la Contraloría tome razón del reglamento, lo que podría ocurrir durante la primera quincena de febrero. La primera fase de implementación hará que 148 jueces de 40 juzgados y tribunales -de Arica y Parinacota, Antofagasta, Tarapacá, Maule, Aysén y Magallanes- cambien por completo la forma en cómo analizan los casos que involucran delitos graves contra menores de edad.

La norma ha hecho que el Ministerio de Justicia, Carabineros, la PDI, el Ministerio Público, el Poder Judicial y el Ministerio del Interior se coordinen en una mesa técnica adecuando su infraestructura y sus procesos.

El antes y el después

“El propósito de la ley es evitar la revictimización, terminar con la intervención de los niños y profesionalizar el trato con ellos”, dice Rosati. Para eso, la norma reduce el contacto con el menor a dos momentos. Uno de ellos es la entrevista investigativa videograbada, que solo podrá ser realizada por un especialista en una sala acondicionada, quien deberá estar acreditado ante el Ministerio de Justicia, registro que estará disponible en una plataforma web.

Al menor no se le volverá a requerir hasta el juicio oral. Ahí declarará otra vez en una sala especial y con un intermediario, en paralelo al juicio. Esto será transmitido en vivo a la sala de audiencia y el entrevistador estará conectado vía sono pronter. Así, las partes irán haciendo las preguntas a la víctima, las que serán adaptadas por el entrevistador.

La jueza Rosati viene trabajando en el tema desde 2012, cuando el Poder Judicial implementó un plan piloto para instaurar aulas especiales. De hecho, la magistrada ha sido designada por la Corte Suprema para liderar estos temas, junto a un equipo multidisciplinario. Según Rosati, la pronta implementación de la ley tiene a los jueces “preocupados” y asegura que muchos sienten que falta preparación. Sin embargo, valora el cambio y dice que “la ley nos obligará a intervenir en el partido antes de los faults y eso es algo que no es nuestro ni del proceso penal. Hasta ahora solo mirábamos el partido desde afuera”.

Los preparativos finales

Se calcula que la primera fase debutará en agosto. Para eso el Poder Judicial tiene 28 salas especiales disponibles en las seis regiones. A esas se sumarán las que dispongan las policías o el Ministerio Público. Junto con eso, el Poder Judicial ha capacitado a 60 jueces y en marzo se formarán otros 30. A esto se suma la creación de un sistema de formación y entrenamiento para jueces, entrevistadores, y protocolos de actuación.

El Ministerio de Justicia es el órgano que ha coordinado a las instituciones. El ministro (S) de la cartera, Juan José Ossa, precisa que “esta ley busca que todo niño o niña que haya sido víctima de un delito sexual pueda prestar declaración en un ambiente con los resguardos necesarios”.

Catalina Fernández, jefa de políticas públicas de la Fundación Amparo y Justicia, entidad que acompaña técnicamente este proceso, comenta que hoy el sistema es se centra en el adulto y “no respeta las características de los menores”. Por eso, considera que esta ley será “un cambio cultural positivo para tener un sistema que respete los derechos”.

Todos estos cambios han levantado dudas desde el punto de vista de la defensa. Pese a esas incógnitas, la defensora regional Metropolitana Sur, Viviana Castel, indica que “la Defensoría no visualiza dificultades” y valora que se “comience a ver a los menores como sujetos de derechos”. Castel, además, agrega que “tendremos que estar atentos a que el entrevistador sea imparcial, neutral y esté debidamente capacitado para evitar que esa entrevista se contamine y, con ello se afecte el debido proceso”.