Se trata de acusados por crímenes de lesa humanidad que estaban en Punta Peuco y Colina 1,
El fallo sostiene que los recurrentes cumplen con los requisitos y que no existe impedimento en la legislación internacional. No es la primera vez que ocurre, antes ya se habían acogido recursos de amparo.
La decisión de la Sala Penal de otorgar libertad condicional en este tipo de casos dependería de la integración del tribunal.
Ministro Hernán Larraín hizo público al país el diagnóstico confidencial.
El Presidente encargó minuta a Justicia, haciéndose cargo de las afirmaciones del Comité y de cómo el país cumplirá objetivos.
Hernán Larraín dijo que la primera recomendación de la ONU, del cierre del Cread Playa Ancha, está en proceso de implementación.
En la propuesta del Ejecutivo está contemplada la figura de cohecho agravado en el caso de empleados públicos que desempeñen cargos de elección popular, de exclusiva confianza del Presidente de la República o de los elegidos mediante Alta Dirección Pública (ADP) del primer nivel jerárquico, lo que en la práctica significa que en el caso de que esas autoridades cometan el delito de cohecho, el piso de la pena sea de cinco años, otorgándole, por lo tanto, la categoría de crimen.
En procedimiento abierto luego de que grupo de congresistas de oposición pidieran su destitución:
Además solicita prescindir de una de las diligencias propuestas por los requirentes para interrogar a los 18 integrantes del consejo que reúne a todos los persecutores del país.
Un escrito de 73 páginas ingresaron a las 8:30 el fiscal nacional, Jorge Abbott, junto con su defensor, Luis Bates, en la Corte Suprema.
Propuesta de centro de estudios respaldada por Suprema y Fiscalía:
También permitiría acelerar plazos de agendamiento, que han ido dilatándose. Entre críticas reiteradas por actores del sistema, está el uso excesivo de la prisión preventiva.
A más de 10 años de la Reforma Procesal Penal En el seminario realizado ayer -organizado por el Ministerio de Justicia, Poder Judicial y CEJA- participaron distintas autoridades vinculadas con el sistema de justicia penal, académicos e investigadores.