Coincidencia en fusionar tribunales para enfrentar alza en carga de trabajo

Hace 13 años, en junio de 2005, el nuevo sistema de justicia penal estaba instalado en todo el país. Ayer, en el Palacio de Tribunales sus principales actores se reunieron a propósito de los resultados del estudio del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA) «Desafíos de la Reforma Procesal Penal en Chile: Análisis retrospectivo a más de una década».

Una de las propuestas del informe fue fusionar en un solo tribunal a los jueces de garantía con los de los tribunales orales, atendida la dispar carga de trabajo de unos y otros, y el aumento de los plazos de agendamiento de audiencias en los últimos años, planteó el director ejecutivo de CEJA, Jaime Arellano.

Recién instalada la reforma en 2006, los imputados esperaban 32 días para ir a juicio oral. Una década después 48,5 días, indica el reporte, el que recomienda «revisar la actual división rígida». Hoy el ingreso de causas al Ministerio Público supera el millón.

El presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, y el fiscal nacional, Jorge Abbott, respaldaron la propuesta.

«Se pensó -dijo Brito- en su momento que era importante mantener su separación para que las funciones distintas no se confundieran por razones de cuidado y para evitar que los jueces de garantía hayan tenido algún contacto con el asunto e intervinieran en la cuestión de fondo. No advierto ninguna razón que deba llevarnos a desestimar la propuesta de que puedan funcionar en un mismo tribunal. Será solo cosa de gestionar que aquel que intervino en la investigación (juez) no intervenga en el juicio». Y se abrió a revisar esto.

Abbott, por su parte, afirmó: «Vemos que las cargas de trabajo que tienen ambos estamentos son disímiles y teniendo una mayor cantidad de jueces se va a poder solucionar probablemente el problema que hoy día tenemos, que es el agendamiento cada vez más distante de las audiencias».

También apuntó a los bajos resultados en las investigaciones con imputado desconocido. «El Ministerio Público ha detectado que la razón fundamental de la dificultad para levantar la prueba necesaria para obtener resultados exitosos de la investigación tiene que ver con las primeras diligencias que hacen tanto la policía como el propio Ministerio Público», reconoció.

En tanto, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, llamó a perfeccionar varios aspectos de la reforma. Habló de los problemas de asimetría entre persecutor e imputado, especialmente cuando la audiencia de formalización -contrariamente a su diseño- aparece como una instancia final, virtualmente acusatoria ante la opinión pública, luego de una profusa investigación».

«Sincerar» repostulación de fiscales regionales

Larraín fue directo al analizar la duración de los fiscales regionales, de ocho años, sin posibilidad de reelección. Lo cual, dijo, produce que a veces haya renuncias anticipadas para volver a postular a un cargo similar: «Hay que sincerar esta situación».

Y puso el énfasis en que el alto porcentaje de prisiones preventivas que no llegan a sentencia condenatoria «nos fuerza a cuestionarnos lo que está ocurriendo».

Punto que fue central en las palabras del defensor nacional, Andrés Mahnke, quien hizo una dura crítica al masivo uso de la prisión preventiva, en circunstancia que el 51% de los imputados sometidos a ella no fue condenado a una pena privativa de libertad.

«Promiscuidad de funciones»

Otro de los temas del seminario fue la duplicidad de funciones entre ambas policías, denominada «promiscuidad de funciones» en el estudio de CEJA. Hubo coincidencia en la necesidad de definir la especialización, donde Carabineros tendrá un rol de control y preventivo y la PDI de investigación de los delitos. Al respecto, el director general de la PDI, Héctor Espinosa, dijo: «Hace tres años tomamos una definición. Y esa definición es la investigación criminal (…) la investigación profesional de los delitos».

Mientras que Fernando Riveros, general de Apoyo a las Operaciones de Carabineros, destacó que «en la comisión de delitos, por nuestra labor preventiva, seremos mayoritariamente los primeros en llegar y es fundamental para el buen desarrollo de todo proceso el valor de la prueba, las actuaciones previas y el trabajo en el sitio del suceso».

Causas
Más de un millón de causas ingresan anualmente al Ministerio Público, según el estudio. Algunas conclusiones del estudio de CEJAObjetivo Fue examinar el funcionamiento del sistema de justicia penal a más de 10 años de su implementación.

Ejes Los principales resultados y hallazgos de la investigación se organizaron en cuatro ejes: la eficacia del sistema de justicia penal, la eficacia de las instituciones, la participación del imputado en el sistema de justicia y la participación de la víctima en el sistema de justicia.

Carga de trabajo «Analizando el comportamiento del sistema penal hasta 2011, se puede comprobar cómo el dictado de leyes que crean nuevos delitos ha impactado en la carga de trabajo del sistema y no siempre ha existido un estudio o proyección de dicho impacto».

Salidas judiciales y calidad «Entendemos que esta vinculación no es adecuada, ya que para saber si una respuesta del sistema satisface los intereses de las partes y, por lo tanto, es de alta calidad, es necesario un análisis cualitativo en el que se profundice en las circunstancias concretas de los casos».

Imputado desconocido «Suponen cerca de un 50% del total de ingresos del sistema, apenas un 10% son judicializados y en aquellos casos judicializados, la respuesta del sistema tiende a ser muy baja, ya que en un 90% de ellos se aplica la facultad de no investigar».

Agendamiento «Advertimos que con el paso de los años han ido aumentando los plazos de agendamiento de algunas audiencia como las de juicio oral», entre otros resultados.