Fiscalía abre causa en contra de Carabineros por manipulación de prueba en «Operación Huracán»

En un hecho inédito desde el inicio de la Reforma Procesal Penal, el Ministerio Público decidió no perseverar en una investigación porque los antecedentes que entregó la Unidad de Inteligencia Operativa Especializada (UIOE) de Carabineros «adolecen de serias irregularidades», están «manipulados» y dan cuenta de «la posible instalación de esa información por parte de terceros», en cuatro celulares peritados, que fueron incautados a imputados de la denominada «Operación Huracán».

En esta causa se indagaba por asociación ilícita e incendios de 58 camiones en tres hechos al vocero de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, su hijo Ernesto, Claudio Leiva, Martín Curiche, Jorge Huenchullán, Jaime Huenchullán, David Cid y Fidel Tranamil. Fueron formalizados el 23 de septiembre, y quedaron en prisión preventiva. Luego, el 19 de octubre, se decretó su libertad, al acoger la Corte Suprema un recurso de amparo presentado por sus defensas.

Tras informar ayer del desistimiento de investigar y sus razones, el fiscal nacional, Jorge Abbott, calificó de «gravísimos» los hechos porque significa «alterar información, alterar pruebas».

Esta era la primera vez que el Ministerio Público contaba con antecedentes provenientes desde investigaciones que se realizan bajo el amparo de la Ley de Inteligencia; es decir, sobre las cuales «la fiscalía no ha tenido el control respecto del origen de la información que se incorpora a la investigación», advirtió Abbott.

La decisión la adoptó el fiscal regional de La Araucanía, Cristián Paredes, quien presentó ayer el escrito al Juzgado de Garantía de Temuco, que fijará una audiencia para resolverlo.

Investigación a Carabineros

En paralelo, el 28 de diciembre, Paredes abrió una causa por falsificación de instrumento público y obstrucción a la investigación respecto de todos quienes resulten responsables de haber manipulado la información, apuntado al equipo de inteligencia de Carabineros.

«No podemos generalizar en orden a establecer que son todos los carabineros los que han participado en esto, pero hay antecedentes objetivos en torno a la comisión eventual de delitos y las responsabilidades, que son siempre individuales, deben ser indagadas», afirmó el fiscal regional.

La determinación de auditar las pruebas entregadas por la policía uniformada se tomó, según explicó el fiscal Abbott, al no tener respuesta de Carabineros respecto de diversas informaciones solicitadas por los fiscales.

«Se hizo una pericia a los teléfonos incautados durante la detención de estos ocho ciudadanos y se ha podido determinar a través de una pericia hecha por peritos de la fiscalía, como por un perito externo, que se habría incorporado con posterioridad a la incautación de esos teléfonos la información en ellos contenida y que sirvió de base para esa denuncia. Lo que constituye claramente una irregularidad gravísima», señaló el fiscal nacional.

Los informes

Se refiere a tres informes técnicos emanados de la Unidad Especializada en Lavado de Dinero, Delitos Económicos y Crimen Organizado (Uldecco) de la Fiscalía Nacional, que concluyen la existencia de irregularidades que podrían ser constitutivas de delitos en los preinformes e informes periciales informáticos practicados por el Laboratorio de Criminalística (Labocar) de Carabineros a los teléfonos incautados a los imputados en la causa, el 23 de septiembre.

En la investigación que realizó Carabineros bajo la Ley de Inteligencia se recopilaron diversos antecedentes de mapuches vinculados a la CAM y a otras organizaciones. Tras meses de seguimientos e intervenciones a los aparatos telefónicos de los investigados, Carabineros entregó a la fiscalía el oficio 130, el cual contenía supuestas conversaciones vía WhatsApp y Telegram entre estas personas, en las que coordinaban eventuales acciones incendiarias.

El oficio 130 fue remitido por personal de inteligencia de Carabineros a la fiscalía el 20 de septiembre y en este se consignaba que los indagados preparaban un atentado contra la empresa de transportes Riquelme Correa, cerca de Temuco.

Tres días después, el Ministerio Público solicitó las órdenes de detención contra los investigados, las que fueron ejecutadas ese mismo 23 de septiembre.

Los peritajes a los teléfonos celulares fueron realizados por el Labocar y se emitió el oficio 202 a la fiscalía, que ratificaba la información dada por el equipo de inteligencia de Carabineros en el oficio 130.

«Se desprende la irregularidad de la información entregada por parte de Carabineros de Chile, a través de los informes periciales y las evidencias levantadas, toda vez que en ellos se indica la existencia de las supuestas conversaciones de mensajería, las cuales no se encuentran contenidas dentro de las imágenes levantadas por parte de los peritos del Laboratorio de Criminalística de Carabineros, por lo que lo indicado en los informes respectivos no correspondería a la verdad», concluye, sin embargo, el informe de Uldecco.

Se agrega que los archivos que contienen las conversaciones indicadas «dicen relación con formatos que no se condicen con la forma en como almacenan esa información los dispositivos electrónicos de telefonía celular, dando cuenta de la posible instalación de esa información por parte de terceros».

Uldecco, para revisar la evidencia, usó la UFED (la herramienta Universal Forensic Extraction Digital), que establece que «en el teléfono asociado al imputado Martín Curiche Curiqueo se encontraron 4 archivos con similar nombre, contenido y registro de fecha de creación, con distintas ubicaciones en la memoria del teléfono, lo cual se estima como irregular, ya que las aplicaciones de mensajería crean su propio directorio para almacenar los archivos que generan».

En ninguna parte del escrito de la fiscalía se menciona a Llaitul, ni se identifica si los antecedentes entregados en su celular están también manipulados.

Filtraciones

Al ser consultado ayer el fiscal nacional acerca de la investigación dada a conocer por «El Mercurio» de las supuestas filtraciones a Llaitul de la investigación de la «Operación Huracán» desde la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) y de una funcionaria que trabajaba en la Fiscalía de Alta Complejidad de La Araucanía, a cargo de Luis Arroyo, explicó que son dos causas separadas.

«Esa es una investigación distinta, que está actualmente vigente a cargo del fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, y en consecuencia solo podremos referirnos al resultado de la misma una vez que concluya dicha investigación. Actualmente se están realizando diligencias».

De hecho, el fiscal tenía programado realizar en Santiago diligencias e interrogatorios, los que fueron suspendidos.

Palma ordenó peritar el celular y computador de la abogada asistente, que según Carabineros, habría enviado el nombre y RUT de siete de los investigados, antes de que se dictaran las órdenes de detención.

Esto es calificado como una información falsa por parte del fiscal Arroyo, quien interpuso una querella. Este fue más allá de lo informado por el fiscal nacional, y afirmó que se buscaba separarlo de las indagaciones bajo su cargo y justificar los deficientes resultados de las operaciones investigativas (ver nota relacionada).

Las otras causas

Arroyo adelantó un debate que se viene, ya que con esta decisión de la «Operación Huracán» se puso en jaque la credibilidad en las investigaciones que está realizando este mismo equipo de Carabineros en otra fiscalía y en la que se está utilizando también la Ley de Inteligencia.

«Lo que pasa es que en causas previas no se ha usado información proveniente de la Ley de Inteligencia. Simplemente han sido investigaciones que se han realizado a través de la ley común, donde los fiscales son los que dirigen la investigación y en consecuencia no tenemos los problemas que tenemos en relación a esta investigación, donde la información básica nace de una situación en la cual el Ministerio Público no tiene el control del origen de la información. En las otras investigaciones han sido precisamente los fiscales los que han dirigido la investigación y en consecuencia no veremos allí irregularidades que deban realizarse», planteó Abbott, respecto de la revisión de causas previas investigadas por Carabineros.

En relación al método aplicado por Carabineros, el fiscal nacional insistió en que desconocían el tipo de intervención con la cual obtuvo esa información.

«La solicitamos en su oportunidad; reiteramos la solicitud, no la obtuvimos, y esa fue la razón que nos llevó a periciar los teléfonos incautados y nos lleva a la conclusión que hoy día ha significado que el fiscal regional ha resuelto cerrar la investigación y no perseverar en la misma por la falta de antecedentes para continuar la investigación por ahora», dijo.

El director nacional de Inteligencia de Carabineros, general Gonzalo Blu, quien hizo la denuncia ante el fiscal nacional por las filtraciones de información, sostuvo ayer diversas reuniones con su equipo, una vez conocidas la imputaciones de manipulación de información.

SILENCIO

Hasta anoche, Carabineros aún no daba una versión oficial acerca de los hechos.

»Lo que entra en duda es la utilización de información proveniente de la Ley de Inteligencia».
JORGE ABBOTT
Fiscal nacional

»Los formatos no se condicen con la forma en como almacenan esa información los dispositivos electrónicos de telefonía celular, dando cuenta de la posible instalación de esa información por parte de terceros».

INFORME DE ULDECCO

Gobierno exige investigación a Carabineros

La decisión de la Fiscalía llevó al Ministerio del Interior a ordenar a Carabineros que realice una investigación administrativa «inmediata», destinada a esclarecer las denuncias informadas por el Ministerio Público para optar por no perseverar en la investigación de la «Operación Huracán».

La indagatoria estará a cargo del subdirector de la institución, general inspector Julio Pineda.

Mediante un comunicado, el Ministerio del Interior recordó que se querelló por la denuncia de filtraciones en la causa.

Además, indicó que «dada la gravedad de las informaciones difundidas, resulta indispensable que las investigaciones penales y administrativas se ejecuten en el más breve plazo».

García Ruminot y Tuma: «Espectáculo lamentable»

Increíble y nunca antes visto. Así califican los senadores José García Ruminot (RN) y Eugenio Tuma (PPD) lo ocurrido en la zona que representan.

«Las instituciones de nuestro país no pueden brindar este espectáculo lamentable. Encontrarnos con este desorden, con estas acusaciones cruzadas entre una institución y otra es muy doloroso. Hay que saber la verdad de lo que ocurrió y retomar la senda de trabajo conjunto que necesariamente tiene que tener la Fiscalía con Carabineros de Chile, especialmente cuando en la zona se investigan incendios recurrentes», dice García Ruminot.

Considera que el conflicto no es de fácil solución, que se podría esperar que el ministro del Interior haga un esfuerzo de coordinación. Aun así, estima que es necesaria una reunión urgente entre el fiscal nacional y el ministro, «para que entreguen una señal clarísima de que los hechos se van a investigar hasta las últimas consecuencias, que se va a sancionar y, por sobre todo, recuperar el trabajo conjunto».

El senador Eugenio Tuma se pregunta: «¿Quién investiga a quién? Carabineros es parte incumbente, la fiscalía también. No sé quién va a garantizar objetividad e imparcialidad. Este es un conflicto bastante atípico, que pone en riesgo la credibilidad de las instituciones. Esto no se había visto nunca. Se debe investigar a fondo para resolver el prestigio que está en juego».

Defensores pedirán sobreseimiento definitivo para los imputadosEn «Operación Huracán»:

Un sobreseimiento definitivo en la causa conocida como «Operación Huracán» solicitarán los defensores penales públicos que representan a los ocho imputados por el delito de asociación ilícita. Así lo anunciaron luego de conocer la decisión de la fiscalía de no perseverar.

El jefe de la Defensoría Penal Mapuche, Humberto Serri, junto a la también integrante de esa unidad, Patricia Cuevas, calificaron la determinación del ente persecutor como «consecuente con lo que han detectado».

Tras recordar que la defensa argumentó que no había intercambio de mensajería entre los indagados, también indicaron que un preinforme de la ONG Chile Digital «reveló que era imposible intervenir conversaciones vía WhatsApp o Telegram sin incluir un virus en el teléfono, lo que constituía un delito». Además de anunciar la audiencia para discutir el sobreseimiento, lo que podría ocurrir dentro de las próximas dos semanas, adelantaron que pedirán que se dejen sin efecto las órdenes de detención contra otros tres investigados.

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