La Moneda y fiscalía instalarán mesas de trabajo para mejorar persecución penal

La ruta fue simple: Catedral, Amunátegui, Agustinas y Teatinos. Caminando desde la Fiscalía Nacional llegaron ayer hasta el Palacio de la Moneda los 18 fiscales regionales del país, encabezados por su máxima autoridad, Jorge Abbott. Y arribaron a la hora, para sostener una reunión programada para las 9:00 con el Presidente Sebastián Piñera y los ministros del Interior, Andrés Chadwick, y de Justicia, Hernán Larraín.

La cita estuvo marcada por los requerimientos que intercambiaron las autoridades para mejorar la persecución penal, mediante la modificación de la actual normativa, optimizando además el trabajo y coordinación con las policías en aspectos netamente operativos.

Antes del desayuno, que se extendió por más de dos horas y que fue calificado de «fructífero y distendido», el Mandatario recibió a los persecutores en el «Salón Amarillo». Luego hizo de guía en un breve recorrido, que incluyó su despacho e incluso el de la Primera Dama, Cecilia Morel.

Los puntos y nudos críticos del sistema

Al término del encuentro, Abbot subrayó: «Hemos analizado el funcionamiento de la reforma procesal penal. Hemos visto los puntos y nudos críticos que tiene el sistema, hemos compartido información y apreciaciones respecto de proyectos de ley que están actualmente en estudio. Hemos también planteado la necesidad de crear mesas de trabajo conjuntas para abordar temas que dicen relación con algunas debilidades que vemos en el funcionamiento del sistema».

La coordinación y labor investigativa que la fiscalía realiza con organismos auxiliares como la PDI y la policía uniformada fue un tema central en la reunión. Incluso, se abordó el caso de las últimas detenciones masivas efectuadas por Carabineros, que generó algunos cuestionamientos desde el Poder Judicial. Frente a este tema, el fiscal nacional aseguró que «el último operativo fue coordinado por la policía, y en definitiva se tomaron todas las medidas del caso para poder absorber la mayor demanda que significa este tipo de procedimientos».

Los persecutores plantearon la necesidad de no reducir la labor investigativa de Carabineros, asegurando que tenía un rol «insustituible» en las investigaciones, pues aporta con unidades especializadas y «un gran contingente policial» en todo el país.

Si bien la fiscalía valora la división de roles entre la PDI, encomendada principalmente para realizar diligencias, y la policía uniformada, a cargo de la prevención, los persecutores solicitaron al Ejecutivo equilibrar la carga de trabajo.

Incluso, en el encuentro se propuso y se consensuó la idea de establecer metas conjuntas para el Ministerio Público y las policías, con el fin de contar con un parámetro que permita evaluar el trabajo de estas instituciones en materia de persecución penal.

No hay bonos por causas resueltas

Luego de solicitar la visión de la fiscalía sobre los ámbitos que se deben mejorar en el sistema judicial, el Presidente Piñera y los ministros abrieron el debate con los persecutores sobre los mitos que rodean al Ministerio Público.

Los fiscales explicaron que se ha instalado el tema de pago de bonos por causas cerradas, indicando que «no existe» ese tipo de incentivos en la fiscalía.

También señalaron que no es efectivo que deliberadamente «no recogen» la información aportada por las policías al Ministerio Público para que se ordenen medidas intrusivas. Y que el problema que enfrentan en esta materia es que los tribunales piden un alto estándar de evidencias y sustentos para autorizarlas.

Marco normativo y otras solicitudes

Desde el Gobierno también platearon la necesidad de mejorar la actual legislación, y abordaron los alcances de la Ley de Responsabilidad Adolescente y, sobre todo, el sistema de penas, para que puedan aplicarse de manera efectiva. Se ejemplificó con los últimos delitos cometidos por menores de edad.

En esta línea, el titular de Justicia propuso la instalación de una mesa de trabajo para enríquecer el trabajo para modernizar la actual legislación. La fecha del encuentro quedó pendiente y debirese agendarse en los próximos días.

También se trató la preocupación sobre la Ley de Control de Armas, donde se indentificó como una falencia que en la entrega voluntaria de este tipo de elementos no exista un seguimiento para verificar si fueron utilizadas en algún delito.

Larraín dijo que esperan avanzar en cambios en la normativa: «Lo estamos haciendo con la Corte Suprema, ayer tuvimos una reunión que avanza respecto de una iniciativa determinada. Vamos a hacer lo propio con el Ministerio Público, porque entendemos que hay varias inquietudes en lo que es la modificación del Código Procesal Penal, en lo que es el cambio del Código Penal».

Segunda reunión
Tras la cita de dos horas, se acordó agendar un nuevo encuentro para evaluar avances de lo convenido para mejorar la persecución penal.

»No hablamos de una mayor dotación de personal, pero manifestamos que requerimos algún reforzamiento en algunas áreas, en los organismos auxiliares». JORGE ABBOTT Fiscal nacional

»Vamos a trabajar con los fiscales en una mesa donde podamos ver los procesos legislativos que el Gobierno está llevando adelante en una etapa prelegislativa». MINISTRO DE JUSTICIA Hernán Larraín

Penta: Fijan audiencia para discutir juicio abreviado

«Vamos a insistir en la solicitud en los mismos términos».

Tal como se había anunciado, el fiscal regional metropolitano Oriente, Manuel Guerra, ingresó ayer una nueva solicitud al 8° Juzgado de Garantía para discutir un procedimiento abreviado para los dueños de Penta, Carlos Délano y Carlos Lavín, y para el ex subsecretario de Minería Pablo Wagner.

La arremetida de Guerra se concretó a menos de 24 horas de que el Tribunal Constitucional declarara inadmisible el requerimiento de inaplicabilidad presentado por los querellantes del PS que buscaba poner freno a la salida judicial, cuya primera audiencia ya había sido postergada.

Durante la tarde, la jueza Ely Rothfeld fijó para el 3 de julio la instancia judicial, en que se espera que la fiscalía los reformalice, elimine el delito de soborno para los controladores del holding y recalifique el cohecho por enriquecimiento para Wagner, lo que posibilitaría una pena que no superaría los cinco años y que puede cumplirse en libertad.

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