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Presentan querella contra Dobra Lusic por delitos de tráfico de influencias y amenazas

13 de mayo 2019

Abogada Mónica Araya Flores interpuso acción judicial por las gestiones que habría realizado la candidata a la Suprema para la designación de John Campos como notario interino, y por las acciones como “operador” de este último para que la magistrada fuese promovida al Máximo Tribunal.

La abogada Mónica Araya Flores presentó una querella en contra de la presidenta de la Corte de Apelaciones de Santiago, Dobra Lusic Nadal, por el delito de tráfico de influencias y amenazas.

Araya sostiene que la acción judicial contra Lusic -candidata del gobierno a ministra de la Corte Suprema y cuya designación será votada el miércoles- es interpuesta por “las gestiones” de la magistrada para que John Campos asumiera como interino en la 5° Notaría de San Miguel, y por reuniones de este último con autoridades para que la jueza fuese promovida al Máximo Tribunal.

El escrito presentado por la abogada especialista en derechos humanos sostiene que “es de conocimiento público que la Sra. Lusic Nadal ha utilizado los servicios de un operador político que, en la comuna de Santiago, ha efectuado gestiones en reuniones clandestinas con senadores, ministros de la Corte Suprema y en el gobierno, para promoverla a ese alto tribunal y ocupar, así, la vacante dejada por el ministro, Sr. Milton Juica, designación que debe zanjarse en votación del Senado, el próximo miércoles 15 de mayo de 2019″.

La querellante afirma que “como compensación a esos servicios”, Lusic ha nominado “en más de 16 veces” a Campos como notario suplente de San Miguel.

Araya cita una nota publicada por La Tercera sobre el informe realizado por la fiscal Carla Troncoso, mandatada por la Corte de San Miguel para que investigue el nombramiento de Campos. En éste, se menciona la declaración de la presidenta de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Ana Cienfuegos -quien designó a Campos como interino en la Notaría-, donde reconoce gestiones de la ministra Lusic. Esto había sido descartado dos días antes por la candidata a la Suprema ante la Comisión de Constitución de la Cámara Alta.

“La Sra. Lusic, en consecuencia, ha faltado a la verdad cuando ha negado descaradamente tales sucesos frente al Senado, en la respectiva audiencia pública, convocada para el trámite de aprobación de su nombramiento ante el máximo tribunal, como se transmitió en directo por televisión, el miércoles 8 de mayo de 2019. Si algunos senadores son cómplices de esta burla, los ciudadanos estamos llamados a denunciarla”, añade el escrito.

Sobre el presunto delito de amenazas, la querella sostiene que John Campos, “por instrucciones de su mandante y benefactora”, habría extorsionado a la jueza de Policía Local de Peñalolén Marcela Guerra Salfate: “La interpelaba para realizar oficios en favor de la Sra. Lusic Nadal ante los senadores, (aludiendo que es su ministra visitadora), con el objetivo de asegurar el nombramiento de esta última en la Corte Suprema”.

La admisibilidad de la acción judicial será revisada este lunes por el Juzgado de Garantía de Santiago.

Críticas a Lusic por DD.HH.

A diferencia de algunas agrupaciones de DD.HH. que salieron a respaldar la trayectoria de Dobra Lusic,  Araya manifiesta en su querella una crítica visión sobre el actuar de la jueza en esta área. “No representa al mundo de los derechos humanos del que formo parte”, afirma.

La abogada, hija del exdiputado del PC Bernardo Araya y de María Olga Flores -ambos detenidos desaparecidos en el régimen de Pinochet- y madre del miembro del FPMR  Juan Waldemar Henríquez Araya -asesinado en el marco de la Operación Albania de la CNI en 1987-,  en el escrito presentado señala que la magistrada “con la falta de sensibilidad que la caracteriza”, declaró inadmisibles dos recursos de protección en favor de “víctimas de atentados graves a sus derechos constitucionales”.

La abogada habla sobre una acción en favor de la fotógrafa chilena Nicole Kramm, quien resultó herida en un incidente  protagonizado el 23 de febrero por una tanqueta conducida por militares desertores al gobierno de Maduro en el Puente Simón Bolívar, Venezuela; y un recurso presentado por la visita al país del Presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, la que, afirma, “constituyó una ofensa a nuestra integridad psíquica como la honra, considerando las opiniones vertidas por ese delincuente en contra de quienes todavía buscamos los restos de nuestros familiares, secuestrados por la dictadura de Pinochet”.

“Lo más impresentable de la Sra. Lusic, en este episodio, es que, además, recurrió, para tal denegación de justicia, a sentencias ‘formato o formulario’, lo que da cuenta de la importancia que tienen los derechos humanos para ella”, acusa.

Fuente: latercera.cl