Una revisión exhaustiva realiza el Poder Judicial en el Primer Juzgado de Civil de Puente Alto, luego del desfalco que quedó al descubierto hace unos días y que fue denunciado al Ministerio Público, en un comienzo por $704 millones, cifra que ha ido aumentando con los días. Cuatro contadores, además de expertos en informática y […]
Una revisión exhaustiva realiza el Poder Judicial en el Primer Juzgado de Civil de Puente Alto, luego del desfalco que quedó al descubierto hace unos días y que fue denunciado al Ministerio Público, en un comienzo por $704 millones, cifra que ha ido aumentando con los días.
Cuatro contadores, además de expertos en informática y la fiscal judicial de San Miguel, Carla Troncoso -que sustancia la investigación administrativa-, están revisando más de 3.200 operaciones que realizó la funcionaria a contrata y analista contable, Carla Ancao Jaramillo, desde que llegó al tribunal, a mediados de 2014, hasta la fecha.
Según fue informado el presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch, y el consejo de la Corporación Administrativa del Poder Judicial -que integran cinco supremos-, ya aparecieron tres cheques irregulares más que fueron girados al marido de la funcionaria, Marcelo Caro Rivera, lo que elevó el desfalco a $740 millones.
La mujer se encuentra en prisión preventiva desde el sábado, tras ser formalizada por fraude al fisco de $704.643.122, debido a que entre 2014 y 2017 giró, al menos, 28 cheques a nombre de su marido, quien también está preso.
El Poder Judicial está en plena revisión del año 2014, y no se descarta que lo defraudado siga aumentando.
¿Cómo se logró realizar este fraude? Es la respuesta que debe arrojar la investigación sumaria para evitar que hechos de este tipo se sigan repitiendo. La funcionaria fue contratada para cuadrar las tres cuentas corrientes que tiene el tribunal que es del sistema antiguo, y que, por lo tanto, conoce de materias civiles, penales y laborales.
Estas tres cuentas tienen dineros de terceros, no es plata del tribunal. El dinero proviene de consignaciones de expropiaciones fiscales, fianzas, indemnizaciones de juicios ejecutivos, entre otros.
La mujer giró cheques -que ella misma realizó- a nombre de su esposo, que era el que cobraba el dinero. Hasta ahora, se sabe que utilizó para ello solo las cuentas de consignaciones penales y civiles.
El problema es que los cheques debían ser autorizados y firmados tanto por el juez como por el secretario del juzgado. Por esta razón, se debe determinar si existe una falsificación de las firmas, si estos funcionarios están involucrados o no, o bien, si hay negligencia de su parte.
Tanto el juez como el secretario deben revisar el expediente y que el cheque sea girado a quien corresponda, antes de ser firmado.
CDE se querelló en contra de la funcionaria y su esposo, por malversación de caudales.
Fuente: El Mercurio, viernes 05 de mayo de 2017